El Comité de Bioética de España (CBE), que asesora al Gobierno sobre materias relacionadas con la ética y la salud, pide prohibir la maternidad subrogada, al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. El organismo considera que "existen sólidas razones para rechazar la maternidad subrogada" y defiende una "prohibición universal de la maternidad subrogada internacional". Desde la administración central se indicó ayer que tanto el Ministerio de Sanidad como el de Justicia leerán y analizarán este informe.

"El CBE considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas", explica el organismo en un informe publicado en su página web. La mayoría del CBE entiende que "todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio".

El Comité, creado en 2008 y adscrito al Ministerio de Sanidad, insta al Gobierno, además, a dotar de "verdadera eficacia legal a la nulidad" de los contratos de gestación subrogada tramitados por ciudadanos españoles en el extranjero. Para ello, pide que se considere la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dediquen a esta actividad.

Y solicita un marco internacional común regulatorio que prohíba suscribir este tipo de contratos, "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño". El comité solicita una "transición segura que evite que queden desprotegidos los niños resultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional" en los que actualmente estén inmersos ciudadanos españoles, para lo que recomienda que se garantice que la filiación de los niños en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo que en 2015 falló que los hijos de madres de alquiler no pueden ser registrados en España.

El informe elaborado ahora por el Comité sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada responde a "la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o dotar de legalidad" a estos contratos.