Xunta y Plataforma Galega de Afectados por la Hepatitis C valoran de forma diferente la declaración de dos nuevos testigos en la causa que investiga a dos altos cargos de Sanidade -Félix Rubial y Carolina González-Criado- por supuesta prevaricación y homicidio imprudente en relación al suministro de fármacos de la hepatitis C. Desde la Administración gallega sostienen que las declaraciones de ayer de las jefas de los servicios de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), María Isabel Martín Herranz y su homóloga en el hospital de Santiago (CHUS), María Jesús Lamas Díaz, evidencian el "correcto proceder y la diligencia de los investigados" en la causa, como señaló tras las comparecencias el director xeral de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Manuel Pillado, y corroboró el Sergas, que insiste en una actuación "rigurosa". Para la plataforma de afectados, no obstante, con estas comparecencias se constata que hubo "una enorme descoordinación" en algunos casos, según dijo su portavoz, Quique Costas.

Manuel Pillado indicó ayer que "en los autos no hay absolutamente ningún dato desfavorable, incriminador o que haga ver cualquier conducta irregular de los investigados" en este caso.

El letrado incidió en que "se actuó siguiendo los protocolos farmacoterapéuticos establecidos por el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad para garantizar un acceso homogéneo e igual de todos los ciudadanos a estos medicamentos nuevos" que, recordó, "en esa fase todavía no estaban autorizados ni siquiera para ser comercializados en España".

Pillado añadió que las dos comparecencias de las responsables de Farmacia fueron "meramente accesorias" para aclarar "aspectos del funcionamiento interno hospitalario en cuestiones de tramitación de solicitudes y los trámites internos que se realizaban".

"Para el Sergas queda demostrado que la subcomisión de la hepatitis actuó en todo momento siguiendo criterios facultativos para el acceso de los ciudadanos a estos nuevos fármacos y que en ningún caso se tuvieron en cuenta razones presupuestarias o de otro tipo en las decisiones de la administración", defiende la Consellería de Sanidade en un comunicado.

El portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, cree que las comparecencias de ambas jefas de los servicios de Farmacia ratifican que "hubo disfunciones en algunos casos". "De estas declaraciones se concluye que hubo una enorme descoordinación en la forma de funcionar entre el ámbito de decisión política marcado por la dirección xeral y por la subcomisión y los servicios directamente implicados, en este caso los de farmacia que eran los que tenían que hacer la dispensación", apuntó. Además ve "necesario" que se ampliase la instrucción otros 18 meses dado que, opina, la investigación aún está "en los inicios". Aún deben comparecer cinco miembros de la subcomisión que decidía los tratamientos.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, insistió en avalar la actuación de los investigados y la Consellería reitera su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos lo antes posible. Sanidade lamenta "la utilización de un asunto tan serio como este para desviar la atención del cuidado de los pacientes de hepatitis C, que es el tema verdaderamente importante, y que se busque dilatar los plazos del procedimiento".