Atención policial especializada las 24 horas o supresión del umbral académico para el acceso de las víctimas a becas, así como la desaparición de la atenuante de confesión para el maltratador son algunas de las 202 medidas que el Congreso acordó ayer plasmar en el futuro pacto de Estado contra la violencia machista. Acuerdo que, aunque recibió el respaldo unánime de todos los grupos, no evitó que el PSOE, Podemos y Ciudadanos vayan a formular votos particulares en la Comisión de Igualdad que debe ratificar el pacto el viernes.
Los socialistas pedirán al Gobierno que acorte los plazos de tramitación y active "ya" las partidas presupuestarias para comunidades y ayuntamientos, además de la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar de la víctima.
Según la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, el acuerdo alcanzado es "un buen punto de arranque", aunque cree que queda mucho camino por recorrer.
Palabras que sorprendieron al vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, quien calificó de "injustificada" la "crítica" de los socialistas y advirtió a "los que eligen la discrepancia para resaltarse a sí mismos" de que "no entienden bien lo que es un pacto de Estado". Mientras Podemos no especificó en qué sentido irán sus votos, Ciudadanos solicitará que se garantice la "total transparencia" en la concesión de fondos públicos a las asociaciones y entidades, así como un seguimiento y evaluación en el cumplimiento de objetivos, según informaron del partido.
El acuerdo de la subcomisión, que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tildó de "hecho histórico", tiene como ejes la sensibilización y prevención, la mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia y protección a las víctimas y menores, la formación de todos los agentes implicados, el compromiso económico y el seguimiento del pacto.
Someter al maltratador a una libertad vigilada en los momentos en de mayor desprotección de la víctima, como la espera de la ejecución de la sentencia; excluir la relevancia del consentimiento de la mujer en los casos de quebrantamiento de penas o medidas cautelares o imponer la pulsera de control cuando estos se produzcan de manera reiterada son otras de las iniciativas contempladas.
El pacto propone, además, la adecuación de los juzgados para evitar el contacto de mujer y agresor, el diseño de un plan de acompañamiento y asesoramiento de la maltratada durante todo el procedimiento desde antes de interponer la denuncia o la prohibición de la mediación.
