La alegría de los aficionados a las corridas de toros tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional -que declaró inconstitucional su prohibición en Cataluña en octubre de 2016- les ha durado poco. Ahora, el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la ley de Regulación de las Corridas de Toros y Protección de los Animales con los votos positivos del Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos, Més per Menorca y Més per Mallorca que, conscientes de que la ley impide a cualquier órgano autonómico su supresión pero no su regulación, han elaborado una serie de normas donde la sangre y la muerte de los toros queda totalmente suprimida.

En contra se posicionaron Partido Popular y Ciudadanos. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, anunció que el Gobierno presentará un recurso ante el Constitucional.

El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de octubre de 2016, aclaró que ninguna comunidad autónoma tiene competencias para prohibir las corridas de toros, pero sí dispone de autoridad legal para su regulación. De ahí que los partidos de izquierdas que han sacado adelante lo que ya se conoce como ley de toros "a la balear" hayan aprovechado para modificar la esencia de las corridas de toros. El texto aprobado prohíbe, por ejemplo, la utilización de "divisas, puntas de pica, banderillas, picas, farpas -banderillas de mayor extensión, muy utilizadas en Portugal-, estoques o espadas, verduguillos (el descabello), puñales y cualquier instrumento punzante que pueda producir heridas y/o la muerte del toro". Es más, la ley sólo permitirá la utilización del capote y la muleta como único medio de "contacto entre el profesional taurino y los auxiliares con el toro".

Puestos a regular, el texto aprobado limita el número de toros que se pueden torear en cada espectáculo a un máximo de tres astados por corrida y "su participación no durará más de 10 minutos". Además prohíbe la presencia de caballos, sin especificar que son los de los picadores, por lo que se desprende que tampoco estarán permitidas las corridas de rejones. Tampoco se podrán vender en la plaza bebidas alcohólicas, ni acceder con botas de vino al interior, ni permitir el acceso a menores de 18 años, es decir, eleva el límite establecido actualmente de 16 años que impera en Baleares.

La ley pone especial cuidado en el trato que se le profesa al toro, ya desde antes de llegar a la plaza, obligando a cualquier promotor de festejos taurinos a seleccionar ganaderías que estén lo más próximas a la localidad donde esté programa la corrida, pero es necesario que los toros tengan más de cuatro años y menos de seis, por lo que, en consecuencia, se prohíbe la realización de novilladas, donde se lidian utreros, ejemplares de tres años. A la llegada de las reses al coso taurino les debe esperar un "aposento, garantizando que los animales no sufran hambre, incomodidades físicas, miedos, angustias, dolores, lesiones, sufrimientos ni daños de ningún tipo y puedan ser libres para expresar las pautas propias y naturales de su comportamiento" (sic).

"Los toros no podrán ser recluidos en los chiqueros de la plaza durante su estancia a la misma y su salida en la plaza se realizará desde los mismos corrales", ordena también esta ley que incluye controles antidopaje a los toreros y a toda su cuadrilla.

Una vez se desarrolle el espectáculo, el equipo veterinario deberá examinar uno por uno los toros que se hayan lidiado "para comprobar el estado sanitario y de bienestar del animal, y reflejar en un acta las actuaciones e incidencias".

Una vez superado ese trámite, "los toros serán devueltos a la empresa ganadera que los haya proporcionado, después de la inspección veterinaria correspondiente que compruebe el estado de los animales y, en su caso, informe sobre lesiones y otras incidencias que puedan presentar a los efectos de tomar las medidas correspondientes". Para asegurarse del cumplimiento cada infracción viene acompañada de multa, algunas de hasta 100.000 euros.

Las reacciones del mundo taurino no se han hecho esperar. La Fundación del Toro de Lidia califica la decisión del Parlamento balear como "un fraude de ley, al pretender prohibir las corridas de toros por medio de una argucia legal, cual es una regulación esperpéntica que las desnaturaliza por completo".

"Es una burla a toda una serie de principios jurídicos y pronunciamientos de los tribunales, una ley que no tiene ninguna posibilidad de prosperar una vez interpuestos los pertinentes recursos", estiman en un comunicado los responsables de la Fundación.