Los diputados de Unidos-Podemos se abstuvieron en la votación para ratificar el pacto estatal contra la violencia de género. Aún así, la Comisión de Igualdad del Senado obtuvo los votos necesarios para seguir adelante con el pacto. La portavoz en la Comisión de la formación morada, Sofía Castañón, aseguró que éste es una acto de "coherencia", después de que no se aceptaran varios de los votos particulares que habían emitido. A pesar de que el pasado lunes se manifestaran de acuerdo en la elaboración de este informe y votaran favorablemente, Castañón señaló que las medidas que se acuerdan en el informe no tienen ni un calendario ni una partida presupuestaria para cada una de ellas, y por tanto carecen de la garantía de ser ejecutadas. Además, valoró el pacto como un logro de "quienes han salido a la calle" y no solo de los grupo parlamentarios.
La Cámara Alta de las Cortes realizó también una petición para que las mujeres no sean acusadas de sustracción de menores en casos como el de Juana Rivas, la madre granadina que se encuentra en paradero desconocido junto a sus hijos, evadiendo la orden judicial que la obligaba a entregar a los niños a su exmarido y padre de los pequeños, Francesco Arcuri, a quién denunció por violencia de género en dos ocasiones. Sobre el caso de Rivas habló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se mostró empático con la mujer: "Hay que ponerse en el lugar de esta madre", afirmó. Ante este clima creado en torno a casos como el de la granadina, Rajoy aseguró: "A las personas conviene atenderlas y comprenderlas y luego está todo lo demás". El presidente también habló sobre el pacto: "Quiero agradecer la disposición de todos los grupos políticos a la hora de acordar los términos de este pacto que les ofrecí en la sesión de investidura", señaló.
Con este histórico pacto de Estado se busca dar prioridad a la seguridad de los menores, así como, a la de las víctimas. Con estas medidas se pretende que los padres condenados por violencia de género no puedan ver a sus hijos. Queda totalmente rescindida la custodia compartida, el régimen de visitas y además se prohiben las visitas a los padres que se encuentren en prisión por parte de los menores. Con el voto exclusivo de los miembros de PP, la Comisión de Igualdad rechazó que el futuro pacto de Estado contemple la prostitución y los vientres de alquiler como una forma de violencia de género, tal y cómo había pedido el PSOE y que contaba con el apoyo del resto de la oposición.
La senadora socialista, Laura Berja argumentó que la prostitución supone uno de los tipos de violencia más "crueles" que puede sufrir una mujer, al afectar a su salud e integridad física y moral, del mismo modo que consideran hace la "explotación reproductiva" y la "violencia económica y patrimonial". Ante estos argumentos, los miembros del PP rechazaron la propuesta al considerar que son cuestiones que deben ser tratadas en otros ámbitos. Aunque no cierran la puerta a trabajar sobre la regularización de estas prácticas. Y es que una de las medidas fundamentales es la nueva definición de violencia de género, más amplia, que se plantea. Siguiendo lo establecido por el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y que incluye como violencia de género la trata de mujeres con finalidades sexuales, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, entre otras.
Inserción laboral y social
Además, con la finalidad única de ayudar a todas las mujeres, se desarrollará un plan de asesoramiento y otro de acompañamiento para las víctimas, además de recibir la protección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante las veinticuatro horas del día. Y se va a potenciar el plan de inserción laboral y social para las víctimas, estudiando el actual sistema de ayudas.
El pacto que ya tiene el visto bueno por parte del Senado, deberá pasar ahora por el Congreso de los Diputados. En septiembre, cuando se reanuden las sesiones de la Cámara Baja, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán la opción de realizar votos particulares. Posteriormente, el Gobierno tendrá un plazo de cuatro meses para elaborar una ley que ponga en marcha estas medidas.
Tras la votación y a pesar de no estar de acuerdo en pequeños detalles, los miembros de la Comisión se felicitaron mutuamente y su presidenta, Susana Camarero, les dio su "enhorabuena de corazón", antes de que todos comenzaran a aplaudir. Incluso la portavoz de Unidos-Podemos, a pesar de su abstención en la votación, manifestó su entusiasmo por lo que, dijo, "es política feminista", y alabó la labor de la Comisión.
