Tras estudiar en profundidad para su tesis el sistema de atención a los dependientes, la investigadora de la USC Diana Fernández se ha convertido en una firme defensora del que se dio en llamar el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
-¿Cómo evalúala aplicación en Galicia de la Ley de Dependencia?
-Mal. Al principio, a la hora de poner en marcha las ayudas y servicios, no se tuvieron en cuenta las preferencias de los dependientes. Empezaron a construir centros de día, porque así lo aconsejaba un informe estatal, cuando en Galicia la gran mayoría de los dependientes quiere ser atendido en su casa. El resultado es que hay plazas vacías en los centros de día, que hay que mantener, aunque no se usan. La falta de recursos económicos por la crisis explica la apuesta bastante deficitaria de la Xunta por esta ley, junto con su decisión de marcar otras prioridades de gasto.
-¿Por qué en un contexto de crisis habría que dedicar más fondos a la Ley de Dependencia?
-Dejar de abordar este gasto representaría un enorme coste de oportunidad, ya que la presión de atención a las personas dependientes se trasladaría al Sistema Nacional de Salud, lo que a largo plazo resultaría más costoso y menos eficiente que hacerlo mediante el Sistema de Atención al Dependiente.
-¿Cómo blindar la financiación para Dependencia?
-No puede depender de los Presupuestos Generales del Estado. Existen diversas alternativas. En Japón, el 50% del sistema es financiado con fondos públicos vía impuestos y el resto con contribuciones progresivas a la Seguridad Social, distribuidas a partes iguales entre trabajadores y empleadores, y obligatorias a partir de los 40 años. Pienso que sería la opción más fácil de aplicar en España.
