Los abogados que representan a la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, denunciaron en Italia la ley de violencia de género española por entender que "vulnera sus derechos" y que está siendo utilizada por el entorno de esta madre de Maracena (Granada) para "justificar la comisión de otros delitos, como el secuestro", así como para "desobedecer" a la Justicia.

Arcuri se trasladó la semana pasada con sus dos hijos, de 11 y 3 años, a Italia después de que Juana Rivas acatara la orden judicial que le obligaba a entregárselos tras permanecer casi un mes ilocalizable con ellos, motivo por el que está siendo investigada por los supuestos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde fue citada a declarar este pasado martes.

El abogado de Arcuri, José Luis Sariego, señaló ayer en un comunicado que su cliente es "como ciudadano de la Unión Europea (UE) y conforme a la legislación europea, un hombre inocente" y considera "intolerable que se diga que en Italia no se protege a las personas maltratadas en el ámbito familiar". El letrado avanzó que ya se presentó en Italia una demanda solicitando "una indemnización millonaria" contra periodistas y políticos que, según afirmó, "han difamado" a Arcuri en redes sociales y medios de comunicación. "Entre ellas, deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas que, en Italia, no poseen la especial protección que poseen en España", agregó el comunicado.

El equipo jurídico de Arcuri también pidió auxilio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante la Comisión Europea, a través de varios europarlamentarios italianos, ante lo que considera una "inadmisible intromisión en la vida privada de un ciudadano italiano".

En la misma demanda, denunciaron la ley de violencia de género española "por vulnerar sus derechos y las de todos los hombres que vivan en España, entre los que se encuentran varios ciudadanos italianos". Para Sariego, "la discriminación que sufren los hombres en España es intolerable, ya que basta que una mujer diga soy maltratada para que los derechos humanos que posee todo ciudadano europeo que viva en España, desaparezcan".

De hecho, mantiene que "los derechos de los niños reconocidos en los tratados internacionales desaparecen en España en cuanto una mujer dice" que es maltratada.