Galicia tiene, junto con Asturias, el índice de más alto de España de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas sentimentales. Esta tasa, que mide el número de feminicidios por cada millón de mujeres mayores de quince años, indica que, en Galicia, ese número alcanza el 6,43 y, en Asturias, el 6,4. Las siguientes comunidades con mayor tasa de feminicidios son Andalucía y Valencia y Cantabria (5) y, en el resto de comunidades, es poco menos de 4 asesinatos por millón de mujeres.

Desde el punto de vista de Galicia, éste es apunte más relevante, y más descorazonador, del informe sobre víctimas mortales a consecuencia de la violencia doméstica, con datos relativos a 2015 y elaborado por el observatorio contra la violencia doméstica del Poder Judicial.

Los datos actualizados a nivel nacional tampoco parecen dar motivos para la esperanza. El lunes, una joven de 20 años moría en Cartagena apuñalada por su pareja de 22 años sólo una hora después de haberle denunciado por amenazas. Sumaba la víctima número 37 en lo que va de año, una cifra que supera ya en cinco muertes a las registradas el año pasado por estas mismas fechas, cuando ya había 32 mujeres asesinadas a manos de sus compañeros sentimentales. El año se cerró con 44 crímenes. En lo que va de año 2017, sólo en ocho casos se había presentado una denuncia previa y sólo en ocho casos estaban en vigor medidas de protección.

El informe del observatorio contra la violencia doméstica y de género, relativo a los datos de 2015, aporta algunas conclusiones que no invitan precisamente a la esperanza. Uno de ellos es que cada día mueren más jóvenes. La edad media de las mujeres asesinadas por sus compañeros fue de 41,5 años, casi seis años menos de la media de edad de las víctimas en 2014. Más del 70% de ellas tenían menos de 35 años. A la vista de estos datos, parece que las campañas de sensibilización social y la legislación contra las agresiones machistas no están calando en los estratos más jóvenes.

Pequeñas poblaciones

Otro de los hechos sobre los que el observatorio incide en sus conclusiones es que se trata de una lacra que aún se encuentra muy arraigada en la España rural. El informe detalla que las poblaciones españolas con menos de 100.000 habitantes son las que registran un número más alto de feminicidios. Y, si el examen se efectúa no sólo en relación al total de la población sino sobre el total de la población femenina, el 31,66% de estos crímenes se cometen en municipios cuya población de mujeres es menor de 10.000 habitantes. "Esto pone de manifiesto la necesidad de extender todos los recursos de prevención de la violencia de género, de detección y asistenciales a toda la geografía española y con especial hincapié en las zonas rurales, así como de insistir en la coordinación y trabajo conjunto de todos los servicios y operadores asistenciales y jurídicos".

Entre los numerosos datos que compila el informe del observatorio figura el espectacular descenso del porcentaje de denuncias previas contra los agresores que posteriormente acabaron con la vida de estas mujeres. El porcentaje de mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas que habían presentado una o más denuncias contra ellos antes de la muerte descendió en un 53%. En 2015, 13 mujeres denunciaron previamente a sus agresores, lo que supone un 22 por ciento del total, mientras que ese mismo porcentaje en 2014 fue del 33% del total de mujeres asesinadas.

Más atención

Los expertos que elaboraron el informe insisten en que "las denuncias examinadas se ciñen, en general, al último hecho de violencia y ello expresa la necesidad de ofrecer a las denunciantes, tanto en sede policial como en sede judicial, un espacio idóneo y una dedicación de tiempo suficiente para poder reflejar los matices más importantes de la relación de violencia". Y añade que "es igualmente imprescindible la atención a la víctima por personal especializado, en sedes judicial y policial, para la adecuada recepción y tratamiento de la denuncia, incluyendo la asistencia letrada".

Señalan, asimismo, que el examen de las actuaciones judiciales previas al resultado de muerte deja ver que los hechos mayoritariamente denunciados "pueden parecer de cierta levedad (insultos, amenazas, empujones), pero son indicadores de que no es la violencia física extrema la que conduce a la muerte sino que en la mayoría de los casos es el clima de dominio y control el que provoca el desenlace".