Los coruñeses se preocupan cada vez más por el uso que se realiza de su información personal. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) registró el pasado año 274 denuncias de residentes en A CoruñaAgencia Española de Protección de Datos denuncias que consideraban que alguna empresa u organismo había vulnerado la ley de protección de datos personales, lo que supone seis veces más que las denuncias presentadas hace una década: en 2007 fueron solo 45, según los datos de la última memoria de la AEPD. Un estudio que revela que A Coruña se sitúa como la quinta provincia española en la que más ciudadanos denunciaron el mal uso que se realizó de sus datos personales, sólo por debajo de Madrid (1.789 demandas en 2016), Barcelona (684), Sevilla y Valencia (ambas con 352).

La actual legislación española considera datos personales cualquier información que sirva para identificar a una persona (nombre, apellidos, DNI, sistema de localización...) o bien datos sobre su ideología, raza, vida sexual, etc... Se considera que una empresa u organismo vulnera la normativa si no informa al ciudadano de que sus datos serán almacenados en un archivo o fichero, si utiliza esa información más allá del ámbito para el que fueron recabados, si se obtiene esta información de menores sin el beneplácito de los padres o si transmite esos datos a terceros sin el consentimiento previo del ciudadano, entre otras situaciones.

El número de españoles que considera que se está haciendo un mal uso de su información personal o que se ha vulnerado su intimidad (mediante el uso de videovigilancia, por ejemplo) se ha disparado en la última década. Las denuncias presentadas ante Protección de Datos se han multiplicado por cinco: de las 1.233 de 2007 a las 7.634 de 2016. En el caso de Galicia, el incremento varía en función de las provincias analizadas. Mientras en A Coruña aumentaron un 508%, el incremento fue algo mayor en Pontevedra (un 577% al pasar de 27 a 183) y se disparó hasta un 1.025% en Lugo, donde se pasó de solo cuatro denuncias en 2007 a 53 el pasado año. Sólo en Ourense se registró un descenso -de 40 a 38 quejas presentadas-, según la última memoria de la Agencia Española de Protección de Datos.

Pero eso sí, no todas las provincias son igual de activas a la hora de defender la información personal. Mientras en una veintena de provincias se supera el centenar de denuncias presentadas al año, hay en donde no se lleva ni a 30. Protección de Datos solo recibió ocho denuncias procedentes de Soria en 2016, diez de vecinos de Cuenca o 18 de residentes de Teruel.

La última década ha provocado también cambios en los motivos por los que se presenta una denuncia de este tipo. Dentro del ámbito privado, el sector de la videovigilancia fue el que acumuló más sanciones durante el pasado año (170) cuando hace una década ocupaba el décimo lugar (seis). El segundo lugar del pódium de empresas más sancionadas lo ocupan las que gestionan ficheros de morosidad (141 multas en 2016 cuando ni siquiera aparecían entre las veinte primeras en 2007). Le siguen las comunicaciones electrónicas comerciales ( spam), la contratación fraudulenta y la publicidad y prospección comercial (excepto spam). Hace diez años el sector con más sanciones era el de las telecomunicaciones (hoy en día ocupa el puesto número siete), las entidades financieras (cayeron a la octava posición en 2016) y la publicidad electrónica ( spam). El auge de denuncias relativas a la inclusión en ficheros de morosidad y contratación fraudulenta ha obligado a la Agencia de Protección de Datos a crear un grupo de trabajo especializado en estos dos temas y crear "una categoría de actividad diferenciada de las áreas de origen que típicamente eran las empresas proveedoras de servicios y las entidades financieras", según explica la propia Agencia en su memoria.

Al margen de poder sancionar a quien incumpla la ley, Protección de Datos asesora e informa a cualquier ciudadano sobre sus derechos. El año pasado se superaron las 236.000 consultas.