La custodia compartida, a debate

Desencuentro social y político por la custodia

El Parlamento consultará a expertos para legislar la tutela compartida, que divide a padres, asociaciones de menores, feministas y partidos

13.11.2017 | 13:14

En un proceso tan sensible como una separación o divorcio, al custodia de los hijos recibe una atención especial. Tradicionalmente, los jueces, a falta de acuerdo, han dado la tutela de los hijos a las madres. Una iniciativa legislativa popular ha llegado al Parlamento con la petición de que la custodia preferente sea la compartida, a pesar de que uno de los progenitores se oponga. La norma, aceptada a trámite, provoca debate no solo político sino también social

La propuesta de hacer la custodia compartida como prioritaria, incluso pasando por encima de la voluntad de uno de los padres, es probablemente uno de los temas más delicados que tratará la Cámara gallega esta legislatura debido a las sensibilidades que afecta, tanto en lo familiar, como en lo personal y la crianza de los hijos. El Partido Popular pensó hace algún tiempo en recogerla en una ley, pero le frenaron las dudas sobre si el derecho civil gallego puede legislar al respecto. Su mayoría sirvió para admitir a trámite el pasado mes la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, que llegó respaldada por más de 15.000 firmas. Pero el partido ya ha mostrado sus dudas sobre si la custodia compartida debe imponerse y obligar a los padres a ponerse de acuerdo para regular la convivencia con sus hijos. En Marea no votó en su día la ILP -no participó en el pleno porque entendían que en aquel momento, tras los incendios, tocaba hablar de fuegos- pero las opiniones al respecto está divididas. Mientras el portavoz, Luís Villares se mostró "personalmente a favor", Esquerda Unida, con la diputada Eva Solla a la cabeza, está en contra no solo del texto sino también de su tramitación. Por su parte, el PSdeG sí votó a favor -expresando dudas sobre su constitucionalidad-, mientras que el BNG mostró su rechazo y votó en contra.

Con el texto en periodo de enmiendas, los grupos han acordado una prórroga especial para escuchar a expertos de asociaciones, del ámbito jurídico que trabajan con familia y menores, así como a otros profesionales relacionados -mediadores, por ejemplo- y afinar así el texto. Este proceso se dilatará hasta febrero y servirá para conocer "el termómetro real" de la situación y poder ajustar la norma, como explica la diputada popular Paula Prado. Aunque el PP espera a escuchar estas voces antes de decidir cómo será la norma final, en la intención inicial se encuentra que el interés del menor prevalezca ante todo, que si hay maltrato no puede haber custodia compartida y que la mediación tenga un papel fundamental.

En este tiempo abierto para escuchar a los expertos, que podrán proponer los partidos, el texto de la ILP pasará también por la lupa de los letrados del Parlamento, que emitirán un informe, y de la Comisión del Derecho Civil de Galicia, que indicará si legislar sobre custodias entre las capacidades del Gobierno autonómico.


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Galicia será la quinta comunidad -tras Cataluña, Navarra, País Vasco y Aragón- que legisla sobre la custodia otorgada a los dos progenitores. Este tipo de tutela representa un 17,3% del total que se concedieron el año pasado en Galicia. De las 2.737 que se decidieron, en 2.057 casos la madres se quedó con la tutela del menor o menores, los padres lo hicieron en 205 ocasiones y la custodia fue compartida en 475 separaciones o divorcios. Sin embargo, la tutela a medias entre padre y madre crece cada año. Desde 2013 el incremento es del 70, 2%. Entonces fueron 279.

Las asociaciones que trabajan con menores y los movimientos feministas tampoco son unánimes y mantienen discrepancias sobre cómo se debe afinar esta normativa o, directamente, sobre si es necesaria. Algunas consideran que, como la figura de custodia compartida ya existe, no es necesario legislar al respecto. Es el caso también del BNG y de parte de En Marea. Los puntos a debate son amplios, como también los matices que aporta cada experiencia y puntos de vista. Los más relevantes son:

E¿Impuesta? En los grupos parlamentarios parece que todos tienen claro que obligar a los padres -y a los jueces- a acatar una custodia compartida aunque uno de los progenitores no la quiera está fuera de la mesa. Esa es, sin embargo, la base sobre la que pilota la propuesta de la Asociación de Pais e Nais Separados, que comenzó el debate. Si no es obligatoria, los partidos tendrán que dirimir una nueva fórmula que fomente la custodia compartida fuera de la imposición. El presidente de la asociación, Lois Toirán, rechaza que en el texto se imponga este tipo de custodia y cita al respecto las legislaciones de Francia o Brasil que, dice, hablan de favorecer o avanzar en su aplicación. En el texto de la ILP se dice que la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ambos "no serán obstáculo ni motivo suficientes para no otorgar la custodia compartida en interés del menor". También que el juez la adoptará de "forma preferente, salvo que la individual sea más conveniente".

EMediación. Otra de las claves sobre la que gira la iniciativa legislativa es el papel preponderante de la mediación. La asociación propone que sea obligatoria una sesión informativa para los padres si una de las partes así lo quiere. Aunque la ILP no considera que deba realizarse una sesión de mediación de manera forzosa, sí la marca como obligatoria en caso de los padres lo hubiesen decidido en un acuerdo previo a la separación. Este punto despierta el rechazo de, por ejemplo, Agamme, que apunta que puede haber violencia familiar después de ese acuerdo y, por tanto, no debería producirse una mediación forzosa en la que "la víctima puede recibir presiones".

EViolencia machista. Todas las partes consultadas coinciden que en caso de malos tratos no puede haber custodia compartida, pero, a partir de ahí, los matices están llenos de diferencias. La ILP cita la necesidad de una sentencia condenatoria firme, con la que no coinciden muchas de las voces consultadas. Asegura que el proceso de sentencia es demasiado largo para esperar a que sea firme, mientras que las asociaciones feministas puntualizan que así no se da amparo a los casos en que la violencia no está denunciada.

EEl papel de los menores. Que el interés de los hijos prevalezca sobre todo está en boca de todas las opiniones, por muy contrarias que sean entre sí. Parece que uno de los puntos que tendrá que tocar el texto normativo será definir qué significa para el menor este interés.

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