Un total de 79 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno y a otros cinco ministros en la que avisan de que su labor investigadora está en "serio peligro" y le piden una "solución urgente" que garantice la integridad y estabilidad de su plantilla.

En la carta trasladan a todos ellos su "gran preocupación" ante la situación que atraviesan estos centros de investigación en cuanto a su capacidad de gestionar los recursos humanos necesarios para realizar su misión. Por ello, solicitan una política laboral de estabilidad, dentro de la legalidad, y coherente con el principio de estabilidad de la Carta Europea del Investigador, un aspecto "esencial" para mantener su nivel competitivo en el ámbito internacional.

Los investigadores explican que los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, y en particular en su disposición adicional 34, suponen un "grave problema" para el normal desempeño de ambas instituciones. "Somos conscientes de que desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación se están haciendo todos los esfuerzos posibles para proporcionar soluciones a esta situación, y que además, dichas soluciones no dependen exclusivamente de ella, sino que implican igualmente a otras instancias del Gobierno", recalcan.

Los científicos estiman que, en virtud de la aplicación de esta legislación, el CNIO perderá hasta el 31 de diciembre hasta 66 personas, y el CNIC 30, lo cual representa un 15% y un 7% de sus plantillas, respectivamente. Como solución, piden que se les permita a sus instituciones realizar contratos indefinidos no-fijos al personal cuyas funciones son de carácter estructural. No hacerlo tendrían un "enorme impacto" en estos centros.