Primero, "estupor". Después de conocerse el escándalo de Oxfam Reino Unido en Haití, donde varios trabajadores contrataron a prostitutas con cargo a fondos de la organización -entre las que habría menores-, las ONG gallegas reconocen que fue un "mazazo".

Ahora, "preocupación". Continúa la fuga de socios, que en España superan las 1.200 bajas, e incluso alguna cara visible de Oxfam, por lo que las entidades gallegas que luchan contra la pobreza temen un "efecto contagio", que las penalizaría injustamente.

La Rede Galega Contra a Pobreza -una organización no lucrativa que reúne a las organizaciones autonómicas implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión- y que actualmente se compone de 126 ONG a través de 21 entidades representativas de colectivos vulnerables en Galicia, habla a través de su presidente, Antonio Hernández: "Queremos rechazar esas 'conductas', que son delitos, porque hablamos de prostitución de menores y que deberían de responder de forma firme y que sí podrían llegar a afectar a la imagen de las entidades gallegas, aunque nuestra realidad es muy distinta y nuestro ámbito de actuación más local... ", valora. En veinte años de trabajo en ONG y dos como presidente, Hernández desconoce cualquier capítulo de este tipo en una entidad gallega.

"Vemos con preocupación estos escándalos pero apoyamos a los trabajadores, a nuestros voluntarios y cooperantes, asegura. De todos modos, Hernández plantea una comparativa: "Si apareciese un caso delictivo en una empresa privada, ¿se extendería hasta afectar sistemáticamente a todas las españolas?". "La ciudadanía es inteligente y sabe distinguir, así que de momento no nos está afectando a nivel de bajas de socios, pero nos preocupa que sí pueda afectar", asegura. El secretario general de Cáritas en Tui-Vigo, José Antonio García Coba, coincidió al destacar que este caso podría perjudicar. "En Cáritas todos los ejecutivos somos voluntarios: ni sueldo, ni gastos de representación, ni posibilidad de cometer una tropelía semejante", defendió.

Al mismo tiempo y desde la EAPN aseguran que, a diferencia de la cooperación internacional -que se nutre más de la financiación de donantes particulares-, las ONG gallegas de la Rede galega, cuyo trabajo es más social dependen más de financiación de ayudas públicas. Recientemente firmaron un convenio de colaboración con la Xunta, a través de Política Social y por un importe de 18.000 euros, y a través del que pretendían "unir sus fuerzas para luchar contra la pobreza y la exclusión social". Por esa razón, según explica el presidente de EAPN, las ONG gallegas están "muy auditadas". "Estamos muy controlados por las diferentes administraciones y tenemos que hacer justificaciones muy exhaustivas", indica Hernández, que hace un llamamiento a la prudencia.

También en ese punto coincide García Coba. "Nuestras cuentas son públicas; acreditamos y justificamos los gastos a posteriori y la transparencia es absoluta", indicó. También aseguró que nunca se había registrado un caso similar en Cáritas. "La prostitución de menores no tiene calificativos, pero por 4 o 5 individuos, no podemos juzgar a todas las ONG. Seguimos necesitando colaboración; la crisis no ha pasado. La recuperación de la Economía es un hecho, pero la pobreza se ha cronificado", explica el secretario general de Cáritas, organización que atiende a unas 1.500 familias al año en Vigo. y cuenta con casi 400 socios colaboradores.

Ya con las cartas sobre la mesa, la desconfianza en Oxfam tiene pocos visos de revertir. Así lo han hecho saber, más allá de los socios, las compañías que colaboran con Oxfam en el Reino Unido. El portavoz de Oxfam Intermón nombrado por la ONG para Galicia, Francesc Mateu considera que las bajas de más de 1.200 socios en España son "legítimas". "Pero nos hemos encontrado con una sociedad madura; puesto que hay tantas bajas como mails diciéndonos que prosigamos nuestro trabajo, a pesar del comportamiento de esas personas... ". En su opinión, aún es pronto para evaluar cómo de importante será la merma de recursos para Oxfam, por parte de empresas patrocinadoras, además de socios. "Cuando nos damos de baja no estamos castigando a las personas de Oxfam que tuvieron una conducta sexual reprobable, sino a todas las personas que están esperando una oportunidad para salir de su situación", razona.

Sin embargo, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu anunció ayer dimisión como embajador de Oxfam, en respuesta a las "acusaciones de inmoralidad y posible criminalidad" de los directivos en Haití. Y la oficina del premio Nobel de la Paz aseguró que está "profundamente decepcionado".

"La explotación sexual y el abuso de niños bajo cualquier circunstancia es condenable. Ninguna organización es inmune a este flagelo", también aseguró ayer Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de Unicef.

Oxfam Intermón, la filial española de Oxfam, reconoce cuatro casos de "mala conducta sexual" en África y América Latina por parte de miembros del personal de la organización en los últimos cinco años, de los cuales uno se refiere al pago de servicios sexuales a una persona adulta, aunque no con fondos de la ONG, y derivó en despido. Así lo han indicado, portavoces de la oenegé en una rueda de prensa en Madrid. Uno de ellos, Francesc Mateu explicó ayer la causa que motivó los otros tres expedientes disciplinarios: "En los cuatro casos de Oxfam Intermón, dos fueron por comentarios con connotación sexual por parte de miembros del personal hacia otras trabajadoras, uno fue de acoso e intimidación a otra trabajadora y el último, vinculado con el pago por servicios sexuales a una persona adulta", indicó.

Ninguno de los cuatro implicó a un menor y, en cuanto a las sanciones, los dos primeros derivaron en una amonestación formal -que consta en el expediente laboral-, mientras que en el caso de acoso e intimidación, cuando llegó la denuncia, el trabajador ya había salido de la ONG aunque también se hizo constar en su expediente, según explicó el director de Oxfam Intermón, José María Vera y la directora adjunta, Pilar Orenes.

La ONG tiene un código ético reforzado desde 2012 que incluye un código de conducta de obligado cumplimiento. La filial española de Oxfam cuenta con 1.400 empleados y 1.700 voluntarios.