El Consello Galego de Colexios Médicos junto con cinco asociaciones y sociedades científicas de Atención Primaria han firmado un manifiesto en el que alertan sobre el estado de la primera línea de asistencia sanitaria en Galicia y reclaman a la Xunta "cambios estructurales urgentes e imprescindibles". Advierten de que los "principios" que definen la Atención Primaria, como es la continuidad asistencial, un tiempo mínimo con cada paciente para asegurar un acto médico de calidad, la capacidad resolutiva o la prevención de la salud, "están en claro peligro".

Sostienen que la Atención Primaria es la base necesaria para el buen funcionamiento de modelo público de salud y el pilar para afrontar retos como la cronicidad de las enfermedades en una población cada vez más envejecida, la sobrecarga de las Urgencias o las dificultades para el ingreso en un hospital. Ante esto, reclaman un cambio en la tendencia de los últimos años y que esta rama de la asistencia sanitaria cuente con un presupuesto propio, además de la introducción de diversas modificaciones estructurales. Entre ellas, garantizar la máxima continuidad asistencial para los pacientes, de forma que se evite que en cada visita sea atendido por un facultativo distinto; mejorar la gestión de las sustituciones; incrementar la capacidad resolutiva, de forma que los médicos de familia y pediatras tengan acceso a todas las pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias; reforzar la figura del coordinador o mejorar las fórmulas de contratación eventual, evitando el encadenamiento de contratos.

También se plantea un aumento de la plantilla de los centros de salud y de las urgencias extrahospitalarias y la implantación de la especialidad de enfermería familiar. "Los colegios médicos y las sociedades científicas de Atención Primaria instamos al Gobierno y a la Consellería de Sanidade a desarrollar lo antes posible este tipo de medidas que juzgamos necesarias para nuestros sistema público de salud", señalan.

La difusión de este documento ha coincidido con la reunión, siete años después, de la mesa de seguimiento sobre los acuerdos que regulan los PACs, firmados en 2008. Sindicatos y Xunta difieren sobre la situación de estos servicios.