La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad, que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. La iniciativa, que contó con el voto de todos los grupos y la abstención del PP, la defendió el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que subraya que la esterilización forzosa, que se realiza de manera legal en España, "es un acto de violencia, un ataque a los plenos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y una práctica que se ejerce sobre personas que ni han sido informadas ni han dado su consentimiento para ello".
Esta Comisión parlamentaria solicita al Ejecutivo que incremente la transparencia en materia de datos relativos a la esterilización de personas con discapacidad e impulse los cambios normativos necesarios para prohibir las esterilizaciones forzosas. Asimismo, pide que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, incluidos los sexuales y reproductivos, cumpliendo así con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada por España hace más de una década, y se adopte medidas para reparar a las personas que hayan sido víctimas de esterilización forzosa.
Según el grupo proponente, las esterilizaciones tienen además un sesgo de género -se da principalmente en mujeres- y que, como consecuencia, "deben luchar contra la doble discriminación que sufren como personas con discapacidad y por la vulneración de sus derechos sexuales". También advierte de que esta práctica supone un "daño" en la identidad personal de las mujeres, "niega" su derecho a la maternidad y "facilita la explotación sexual". "La tolerancia de los códigos penales con la esterilización se traduce en una mutilación de derechos especialmente tras procesos de incapacitación legal", sostienen los proponentes.
