Las quejas procedentes de Galicia al Defensor del Pueblo han aumentado en un 20,4 por ciento en 2017, al pasar de 622 en 2016 a 749 el ejercicio pasado en la Comunidad gallega.
Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, del total de quejas de Galicia, 337 corresponden a la provincia de A Coruña; 280, a la de Pontevedra; 66, a Ourense y otras 66, a Lugo.
El informe, recogido por Europa Press, refleja, además, que de Galicia al Defensor del Pueblo procedieron tres solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional de las 40 contabilizadas en 2017 en toda España, una más que en 2016 en la Comunidad gallega, de las cuales dos corresponden a la provincia de Pontevedra y una, a la de A Coruña.
Las quejas de los ciudadanos gallegos representan el 3,04 por ciento de las 24.608 contabilizadas en España en 2017, mientras que las 622 en 2016 supusieron el 3,85% de las 16.151 contabilizadas.
Acceso a los juzgados de A Coruña
En el informe, se explica que en 2016 se inició una queja de oficio con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, al haber tenido conocimiento de que funcionarios del Servicio de Atención al Ciudadano de los juzgados elevaron queja ante la falta de control en el acceso a dependencias judiciales en A Coruña, ya que los usuarios no pasaban ni por el arco de seguridad ni por el escáner.
Según la información recibida, la Administración se negaba a instalarlo, y en su lugar se había colocado un botón antipánico en las mesas de las salas de visita, que alerta a los vigilantes de la entrada en caso de ser necesaria su presencia. Los funcionarios reclamaban que el acceso a las oficinas se realizase por la zona de control vigilada, por la que ninguna de las personas que van a esas dependencias es desviada.
Por otro lado, las instalaciones anexas a la Audiencia Provincial, que albergan varios juzgados de primera instancia y sala de vistas de lo social, tampoco tendrían ningún tipo de protección, ni siquiera vigilantes en la entrada.
Por último, aunque existe un convenio con el Ministerio de Interior, que cifra en 14 los vigilantes del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio en la Unidad de Vigilancia de Edificios Judiciales, entonces solo eran 10 los policías adscritos a este servicio.
En enero de 2017 se recomendó que se adoptaran las medidas oportunas a fin de que los ciudadanos que se dirijan al Servicio de Atención al Ciudadano de los juzgados de A Coruña deban pasar obligatoriamente por un control de acceso, a fin de proporcionar la debida seguridad a los funcionarios que prestan el servicio. La Recomendación fue aceptada por el Gobierno de la Xunta de Galicia.
Total España
En total en España, las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.
Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).
En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.
Servicios públicos y derechos sociales
En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.
Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.
Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".
Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Fernández Marugán está al frente de la institución desde que el pasado mes de julio Soledad Becerril cesara en el cargo.
