La Consellería de Educación ha puesto fin a una discriminación que pesaba desde el año 2005 sobre el personal docente e investigador interino personal docente e investigador interinode la Universidad. No tenía derecho a percibir un complemento autonómico de hasta 1.900 euros anuales que, sin embargo, sí cobraban sus compañeros con plaza fija y estable. Pero esta situación no era solo exclusiva de Galicia, sino que es común en todas las comunidades autónomas merced a la interpretación idéntica que se hizo de una norma base de carácter estatal que después se desarrollaba en cada territorio. El caso es que ahora la Xunta, tras una reclamación de la CIG, ha decidido acabar con la discriminación y reconocer este plus salarial a los profesores e investigadores de Universidad interinos que están en plantilla de las facultades.

La regulación de este complemento autonómico se establece, en la comunidad gallega, en el decreto 55/2004 de la Xunta. Y ahí se indicaba que este plus vinculado al ejercicio de la profesión y a méritos docentes solo afectaba al personal funcionario y contratado doctor con carácter fijo y estable, no a los interinos.

El cobro de este complemento, no obstante, no es automático, sino que cada año la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) abre una convocatoria para que los candidatos acrediten que cumplen las requisitos exigidos. Y el pasado mes de enero, la CIG decidió denunciar -cuando se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG)Diario Oficial de Galicia una nueva convocatoria- la discriminación que pesaba sobre los interinos. Presentó un recurso de reposición amparándose en los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a otorgar los mismos derechos al personal eventual y al fijo que prestan sus servicios en las administraciones públicas.

El complemento mínimo para un PDI (Personal Docente e Investigador) en plantilla se sitúa, en la comunidad gallega, en 1.900 euros brutos al año. Sería lo mínimo que puede percibir con los complementos al reconocimiento de la labor docente (1.000 euros) y a la labor investigadora (900 euros), ambos fijos. El segundo plus nunca puede cobrarse si no se es profesor también.

En todo caso, para percibirlos hay que acreditar ante la Acsug que se cumplen los criterios establecidos, como estar integrado en la plantilla con una antigüedad de al menos un año o tener dedicación a tiempo completo en el ejercicio de la docencia.

Aunque inicialmente la Consellería de Educación pareció que iba a desestimar la reclamación de la CIG, finalmente ha dado un giro a su postura y ha aceptado introducir cambios en la convocatoria que regula la evaluación previa para el cobro de complementos autonómicos, abriendo un nuevo plazo adicional para que "el personal docente e investigador funcionario y contratados doctor cuya plaza no sea fija o estable pueda acogerse a la convocatoria".

El departamento de Román Rodríguez quiso destacar que la situación anterior de discriminación con los interinos "era fruto de una interpretación que se hizo igual en todo el territorio nacional". "En cualquier caso, la Xunta compensará a las universidades por los complemento retributivos autonómicos evaluados favorablemente por la Acsug y posteriormente reconocidos por el consello social de la universidad correspondiente", precisan desde la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Sobre el número de profesores e investigadores afectados en la comunidad gallega, la Xunta no dio datos y el sindicato que presentó la denuncia también lo desconoce.

"Estamos ante un hecho que debe suponer un antes y un después en la actual discriminación retributiva entre el personal con empleo fijo y temporal en las tres universidades gallegas", destaca la CIG, que advierte, sin embargo, que estará alerta por si la Acsug intentar aplicar los beneficios solo a los interinos y dejar fuera de la convocatoria otros perfiles de contratación como personal colaborador o ayudante doctor.

En todo caso, el sindicato pedirá a la Consellería de Educación que reúna a la mesa sectorial de universidades para modificar el decreto 55/2004 una vez que sus efectos han sido alterados a raíz de la demanda de la CIG.