La gestión del derecho de autor en España es calificada, a menudo, de monopolio, porque ocho entidades copan prácticamente todo el mercado. La SGAE destaca entre ellas y domina por socios, poder y recaudación. Ninguna de las ocho tiene ánimo de lucro, y todas han de estar creadas y dirigidas por los propios artistas, como prevé la ley. Pero el escenario está destinado a cambiar, en parte, por la reforma que el Gobierno ultima estos días. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que modificará la Ley de Propiedad Intelectual con dos claves: por un lado, aumentar el control sobre las tradicionales entidades de gestión; por otro, forzar el sector a dar un paso hacia la libre competencia, en línea con los deseos de la Unión Europea (UE). "En los últimos tiempos el funcionamiento de algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ha suscitado dudas en cuanto a la transparencia y el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor", señaló el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Entre otras medidas, la nueva normativa, que tendrá que pasar por el Congreso, otorga más poder a las asambleas de los socios de las entidades frente a sus directivos y, sobre todo, les impone un órgano de control interno, según fuentes conocedoras de la negociación. Para las entidades que recauden más de 100 millones -es decir, la SGAE-, el comité habrá de incluir varios miembros externos. Para las otras, los componentes serán todos internos, pero no podrán ocupar cargos directivos en la entidad. El Ministerio de Cultura supervisará a los controladores, harto de tantos años de escándalos en la SGAE.
A la vez, el real decreto establece que los autores españoles podrán encargar la gestión de algunos de sus derechos a compañías privadas, con ánimo de lucro y sin la obligación de tener creadores en sus equipos directivos, así como a entidades de gestión extranjeras. Incluso podrá distribuir distintos derechos entre varios operadores. Y tendrá más facilidades para abandonar a una entidad o revocarle, total o parcialmente, su autorización.
El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, criticó que el real decreto aprobado ayer por el Gobierno y que regula la entrada de operadores privados en la gestión de derechos de autor los debilita "aún más". "La norma lo que va a hacer es convertir la cultura en un mercado al por mayor para el mejor postor", lamentó Sastrón, quien señaló que esta norma "no supone un mayor control sobre las entidades de gestión". "El Ministerio siempre ha tenido la posibilidad de ocupar un asiento en la Junta Directiva de la SGAE y más control que ese no puede haber", apuntó
Sastrón recalcó, además, que tienen "un puesto para asistir" que "nunca han ocupado". "Desde que yo estoy aquí, jamás he visto a una persona enviada por el ministerio para sentarse en los órganos de gobierno", subrayó. Según criticó el presidente de la SGAE, lo que hace el Gobierno con la aprobación de esta norma es "favorecer la entrada de operadores privados que van a tener controles mucho menores" de los que tienen las actuales entidades de gestión.
"Como autor, pienso que dejan el derecho de autor en manos de gestoras y lo que va a producir es debilitarlo aún más. Son sobre empresas privadas con ánimo de lucro y que además no van a estar sometidas a los mismos controles", lamentó el presidente de la sociedad de autores.
Sastrón está convencido de que este real decreto "no protege ni al autor español ni a la cultura española" y, en cambio, "va a convertir este país en territorio comanche para que las multinacionales vengan aquí a hacer sus negocios en detrimento de la protección a los autores y de la cultura española". "Esta normativa protege a los que vienen a hacer negocios a España. Y, hay que recordar, que los nuevos operadores solo querrán hacer negocio con aquellos autores que les sean rentables", apostilló.
