Hasta ahora los intentos para fraguar una legislación estatal para atajar el consumo de alcohol entre los menores se han quedado en intentos. No lo consiguieron Elena Salgado ni Ana Mato. Dolors Montserrat insistía en esa ambición a finales de 2016 y los primeros frutos aparecen ahora. El informe de la ponencia sobre menores y alcohol de las Cortes, que cuenta con el visto bueno de la mayoría de los partidos, PP incluido, está listo y una de sus medidas es prohibir la venta y consumo de alcohol en las vías públicas, es decir, el botellónprohibir la venta y consumo de alcohol en las vías públicasel botellón. Los concellos gallegos ven "aceptable" la propuesta en general, en principio", aunque tienen dudas y peros.

"Aceptamos lo que hay que hacer, pero hay que matizar el cómo se va a hacer, porque no va a ser sencillo llevarlo a cabo", proclamaba ayer el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García. El también regidor de O Barco de Valdeorras avanza que "es complicado" controlar el consumo en vías públicas y que "los medios municipales son escasos". "Las cosas van a ser difíciles en los pequeños concellos, donde los medios son mínimos, y también en las grandes ciudades van a tener problemas, ya que los lugares donde se lleva a cabo el botellón se pueden diversificar y el número de chicos a controlar también es mucho mayor", advierte.

García insiste en que se tiende a poder deberes a los concellos, pero no medios para "ayudarlos" y sin medios, opina, "no puede haber resultados destacados". Con todo, admite que desde la aprobación de la ley gallega de 2011, que también deja bastantes tareas sobre los hombros municipales (como el consumo en la vía pública), algo se logró: "Creemos que se ha mejorado en cuanto al control en la venta de alcohol a menores, pero sabemos que es un problema difícil".

Pero el problema del consumo en menores es "de mayor calado que prohibir el botellón", sobre todo tras años de "gran permisividad". "Es ya una costumbre social introducida en la mentalidad de los más jóvenes", "va a peor" y "solo el hecho de prohibirlo no lo va a cambiar. Aquí los padres tienen mucho que decir", señala, y la educación también, más allá de las multas, aunque funcionen.

Aun así, García reconoce que el que "la solución sea complicada no quita para tomar medidas que lleven a solucionar" lo que ve una "lacra". Eso sí, llama también la atención sobre la necesidad de sincronizarse al aplicar la normativa, si llega a aprobarse. Los concellos gallegos, recalca, están "concienciados" del problema, pero a su juicio "hay que tomar decisiones" que deberían ser "conjuntas" y fruto de acuerdos y las medidas (el traslado a ordenanzas) "puestas en marcha el mismo día para que tengan un impacto importante y real".

Desde la Consellería de Sanidade inciden en que la propuesta de la comisión de Congreso y Senado, que también contempla el veto a las happy hours, más impuestos sobre el alcohol, o más sanciones por vender a menores, está pendiente de su aprobación "definitiva". Por ahora, están la "espera" de que se conozca la normativa estatal, aunque ratifican su pretensión de "estar coordinados" con ella. Mientras, su valoración del grado de cumplimiento de la ley impulsada por Galicia, de espíritu similar al proyecto estatal, es "positiva". Entre febrero de 2011 y finales de 2017, agentes o inspectores detectaron 4.500 infracciones a dicha normativa, 725 de ellas graves. Solo en la última semana y solo los policías autonómicos levantaron 33 actas de infracciones por incumplir la ley, 19 por venta y 5 por consumo.