Los miles de cuidadores de dependientes que trabajan para la administración gallega dispondrán de cinco años más para obtener un certificado profesional obligatorio que les permita mantener sus puestos o demostrar una experiencia de al menos tres años para lograr una habilitación que les eximirá de ese trámite. El plazo adicional consta en los planes de la Consellería de Política Social y responde a la segunda ampliación de la fecha límite fijada por el Gobierno central para requerir esa formación mínima. El primero era 2016 y se amplió hasta el 1 de enero de este ejercicio, pero la incapacidad de acometer el proceso a tiempo obliga a abrir un período adicional de 5 años.

La Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero en 2006, establece la necesidad de que quienes cuiden a los dependientes dentro del sistema público cuenten con una habilitación profesional que garantice una atención de calidad. Dos años después, el Consejo Territorial en que se sientan el Ejecutivo central y las comunidades fijó el fin de 2015 como límite para que el personal obtuviese esa certificación, que pretende garantizar conocimientos mínimos en materia sociosanitaria. El plazo se amplió aquel año a finales de 2017 debido a que las comunidades reconocieron su incapacidad para acreditar a todos los trabajadores del denominado tercer sector. Esta situación se repitió el año pasado y el Gobierno central concedió a las autonomías seis meses para elaborar un nuevo calendario.

Galicia cuenta ya con un borrador del suyo, que afecta a las categorías laborales de "personal cuidador, gerocultor, auxiliar de ayuda en el hogar y asistente personal en los centros y servicios sociales" del sistema público, pues esta habilitación profesional no será exigida en el ámbito privado. Por ejemplo, en el caso de un centro de mayores privado, el personal que trate a los usuarios de plazas concertadas deberá tener habilitación profesional; para el resto no será necesario, indican en Política Social.

En la actualidad, 55.593 dependientes en Galicia perciben algún servicio en virtud de la citada legislación. Las prestaciones de ayuda al domicilio -para las tareas domésticas durante un tiempo diario en función del nivel de dependencia de cada caso- suman 20.400, según los últimos datos disponibles. El cuidado familiar alcanza las 13.334.

Política Social cuenta con un proyecto de orden que prevé aprobar antes de finalizar junio y que abre dos vías para que los trabajadores mantengan sus puestos en la que constituye la primera iniciativa de habilitación profesional. El personal que antes del pasado mes de enero contase con al menos tres años de experiencia durante los últimos doce en los puestos de cuidador, gerocultor, auxiliar de ayuda en el hogar o asistente personal, así como voluntarios o becarios, recibirán una "habilitación excepcional" que les permitirá cumplir los requisitos exigidos y continuar con sus empleos sin ningún trámite adicional. Podrán presentar su solicitud para recibir este trato hasta el 30 de junio de 2022, según el borrador de la norma de Política Social, y tendrán que demostrar documentalmente su trayectoria.

También podrán acogerse a esta vía quienes sumen menos de los citados tres años de experiencia, pero al menos 300 horas de formación en cursos como los avalados por el Instituto Galego de Cualificacións Profesionais, en el que desde 2010 se han formado en estos contenidos 10.000 personas. Esas sesiones les servirán ahora.

La segunda opción para lograr la habilitación profesional imprescindible afecta a quienes no cumplan los anteriores requisitos. Podrán seguir trabajando en o para el sistema público si se comprometen a "participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral" que impulse la administración o a "realizar la formación" vinculada a su categoría profesional -bien universitaria, bien de FP- antes de 2023. Si no lo hacen, solo podrán trabajar para el ámbito privado.