S. GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE Diego P.V., el joven que fue detenido tras ser acusado de maltratar y violar a Aitana, la hija de tres años de su novia, y que posteriormente fue puesto en libertad tras demostrarse que la niña murió por las secuelas de un golpe accidental, ingresó anoche en la unidad psiquiátrica de un hospital de la isla debido a una grave crisis emocional, según informó su abogado, Plácido Alonso.

El joven de 24 años, cuyo estado anímico, según su representante, es de total abatimiento, fue atendido por la tarde en el servicio de urgencias de Hospiten Sur, donde el facultativo de guardia, tras consultarlo con su familia, decidió trasladarlo a una unidad psiquiátrica en la que pudiese ser atendido durante las 24 horas. El estado de Diego ha llevado a su abogado a suspender la comparecencia pública que tenía previsto protagonizar en los próximos días, que queda aplazada hasta que mejore su estado de salud.

Por otra parte, Alonso criticó que la consejera canaria de Sanidad, Mercedes Roldós, no haya abierto una investigación ni haya tomado medidas disciplinarias contra los médicos que valoraron a la menor, Aitana. De hecho, esta Consejería sólo se pronunció ayer para señalar que ha respetado todos los protocolos y que no facilitó ningún dato personal o médico, por lo que "desconoce las fuentes" o quién ha filtrado los distintos informes facultativos. El primer médico al que acudió Diego tras la caída de la niña, un accidente que acabó provocándole la muerte, la envió a casa sin realizarle pruebas radiológicas y con un diagnóstico leve, mientras que el segundo consideró que las lesiones que aún conservaba la menor eran muestra de agresiones continuadas y otra sexual, lo que motivó la detención de Diego.
Ante estos hechos, que desencadenaron la detención y encarcelamiento del joven de 24 años entre el martes y el sábado de la semana pasada, así como su condena pública y antes de que se conocieran los resultados de la autopsia, el abogado Plácido Alonso criticó en varias televisiones españolas que Roldós "no dé la cara", exija una investigación y pida disculpas por estos errores médicos.

Fuentes de Sanidad explicaron que, hasta ayer, no se les había comunicado la adopción de ninguna medida disciplinaria o para el estudio de lo sucedido. Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife informó de que nadie se ha dirigido a esta entidad, ni los dos médicos ni el abogado de la parte afectada, y que aún se desconoce si estos dos profesionales están colegiados, ya que Canarias es una de las pocas regiones en que no es obligatoria.

Por tanto, el Colegio no se pronunciará hasta disponer de toda la información, ya que no podemos emitir una opinión sobre algo que desconocemos o relativa a profesionales que pueden no estar colegiados. Si no fuese así, se abriría un proceso y entraría a funcionar la Comisión Deontológica de esta entidad, aunque ésta debe tener en consideración los dictados judiciales que emanen de la querella criminal que va a presentar la familia de la malograda niña.

El único pronunciamiento oficial que se produjo ayer fue el de la Consejería de Sanidad, pese a que la condena, por lo que entonces se creía el "crimen" de Aitana, movilizó a la sociedad e instituciones canarias. Sin embargo, este departamento se pronunció para desmentir filtraciones de los informes médicos y para aclarar que ha respetado los protocolos.

Así, aclara que, "desde que la menor fue atendida en el Centro Comarcal de Urgencias Pediátricas de Arona hasta su fallecimiento en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha respetado escrupulosamente toda la legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal, preservando estrictamente, en todo momento, la confidencialidad del caso y la intimidad de todas las personas relacionadas".

En este sentido, Sanidad asegura en un comunicado que, "desde el principio, ha cumplido con la legalidad", al activar los protocolos de actuación y al limitarse a informar al Juzgado y las Fuerzas de Seguridad del Estado todo lo sucedido, "reforzándolos mecanismos para que, en ningún caso, existiesen filtraciones de datos".

Por ello, afirma que ninguno de los órganos de la Consejería ha trasladado información alguna, salvo a las instituciones públicas que reconocen los protocolos de violencia –que se activaron con Aitana–, y que "desconoce las fuentes a que han tenido acceso los medios de comunicación".