A.M. | CAMBADOS
La Fiscalía de Pontevedra realizó ayer un intento a la desesperada para evitar la excarcelación de Jaime Maiz Sanmartín, pero no sirvió de nada. El ex guardia civil, que en diciembre de 2007 mató en el cuartel de Cambados a la que había sido su compañera sentimental cuando iba a denunciarle, ya se encuentra en libertad. Jaime Maiz pasó los dos últimos años en la cárcel, pero ayer logró salir libre gracias a un supuesto error judicial, ya que el juzgado de Cambados que instruía la causa le prorrogó la prisión fuera de plazo. Al conocer la inminente excarcelación del ex agente, la Fiscalía de Pontevedra solicitó con carácter de urgencia que se dictase un nuevo auto de encarcelamiento, al entender que existe riesgo evidente de fuga. La Fiscalía pidió también una comparecencia en el juzgado del propio Maiz.
El agente fue notificado por la Guardia Civil y sobre las 11.10 horas de la mañana de ayer llegó al juzgado en un taxi. En ese momento ya disfrutaba de su nueva situación de libertad, por lo que bajó del coche sin esposas ni escolta.
El guardia no realizó ademán alguno para evitar ser fotografiado, pero tampoco quiso realizar ninguna declaración. Una vez dentro del juzgado se inició la comparecencia, en la que el fiscal reclamó a la juez Eva Armesto que redactase un nuevo auto de prisión. Los dos abogados que representan a la familia de la mujer asesinada se sumaron a la petición. Pero la titular del Juzgado 3 de Cambados se encontró con las manos atadas, ya que la puesta en libertad de Maiz fue ordenada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en un auto firme.
Por ese motivo, poco después de las dos y media de la tarde el presunto homicida volvió a salir por su propio pie del juzgado. Una vez más aguantó estoicamente el trabajo de las cámaras que tomaban imágenes, y no quiso realizar declaración. Un taxi le esperaba para trasladarle a Ferrol, que es donde vive su familia.
Lo que sí hizo la juez de Cambados Eva Armesto fue decretar una serie de medidas cautelares para minimizar el riesgo de fuga -medidas que se complementan con las ya ordenadas por la Audiencia de Pontevedra- y para proteger a la familia de María Luz Posse. Así, el acusado tiene prohibido entrar en el municipio de Cambados, con lo que tampoco podrá aproximarse al cuartel de la Guardia Civil donde trabajaba y donde se cometió el crimen, y también se le prohibe aproximarse y comunicarse con la familia de Posse.
Asimismo se le retira el pasaporte para que no viaje al extranjero -aunque este documento no es necesario, por ejemplo, para moverse por los países de la UE- y Jaime Maiz tendrá que firmar todos los días en el juzgado de Ferrol.
Además, la juez Eva Armesto pide a las autoridades judiciales de la ciudad coruñesa que le informen diariamente de las comparecencias del imputado.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está convencido de que tras la liberación del procesado no existe un error judicial, sino "una distinta interpretación sobre el tiempo de la prisión preventiva a computar".
Según esta tesis, la juez de Cambados entendió que los dos años de privación de libertad de Jaime Maiz todavía no se habían cumplido el 16 de diciembre de 2009, y por lo tanto no actuó incorrectamente dejando para esa fecha la prórroga de prisión.
El Ministerio Público está valorando una segunda opción para intentar que este ex guardia civil regrese a prisión. Pasa por presentar un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia de Pontevedra que ordenó la puesta en libertad del presunto homicida: los argumentos del fiscal pasarían porque los magistrados realizaron una interpretación "demasiado restrictiva" , ya que la decisión de la juez, a su entender, sólo se demoró "unas horas", por lo que entienden que no estaría fuera de plazo. Aunque el fallo es firme, el fiscal jefe provincial Juan Carlos Aladro señalaba ayer que contra todos los autos "cabe recurso de súplica". Y este se convertirá en el segundo intento de la Fiscalía por devolver a prisión a Maiz, tras el fracaso de la comparecencia que solicitó ayer. El fiscal jefe recordó que la prórroga fue solicitada el 14 de diciembre de 2009. Y fue el día 16 -la detención se había producido el 16 de diciembre de 2007- cuando la juez adoptó la decisión ahora desautorizada.