U. FOCES | VIGO
Un narcovelero a subasta. Un juzgado de Vigo acoge el lunes la puja por el Nadir III, la embarcación intervenida a la red gallega que abandonó un submarino artesanal con los motores encendidos en la ría viguesa en agosto de 2006.
El velero, tasado en 36.000 euros y que inicialmente debía cubrir el viaje del batisfaco, fue ofrecido por el grupo gallego desarticulado a una red colombiana para intentar introducir un alijo de cocaína cuando fracasó el uso del batiscafo.
La cita en las dependencias judiciales está fijada para las 10 de la mañana. El magistrado Ventura Pérez Mariño, instructor de la causa del narcosubmarino -que se encuentra pendiente de juicio en la Audiencia-, ha abierto una pieza separada con el barco para poder sacarlo a subasta.
Tasado en 36.000 euros, el velero se encuentra atracado en el puerto deportivo del Monte Real Club de Yates de Baiona desde que fue intervenido "al grupo de Juan Manuel González Rodríguez (titular de la embarcación) y otros" procesados por tráfico de drogas, según indica el auto judicial.
Los interesados deberán presentar las propuestas en sobre cerrado y, antes de la apertura de las plicas, depositar un aval bancario o ingresar en la cuenta del juzgado el 20% de la cantidad que propongan. Además de no aceptarse la entrega de dinero en metálico, se aprobará el remate al mejor postor siempre que su oferta recoja una postura igual o mayor al 50% de la tasación sin ofrecimiento de pago aplazado.
El dinero que recaude quedará a disposición judicial hasta que se celebre el juicio contra el grupo en la Audiencia de Pontevedra, ya que el fiscal antidroga solicitó que, de ser condenados, se ordene el comiso definitivo y pase a engrosar el Fondo de Bienes decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.
En el banquillo de los acusados se sentarán por un delito intentado de narcotráfico José Jesús Iglesias Fernández, Francisco Omil Nazara y Tomás Bengoechea Armendáriz, para quienes el Ministerio Público pide las penas más altas, 13 años y 6 meses de prisión, al aplicarles la agravante de reincidencia. El resto de los procesados, otros cuatro procesados, se enfrentan a una petición de 10 años de prisión.