"Ya te dije que vengo esta noche". Estas fueron las palabras que María José Arcos le dijo a su madre cuando el mediodía del 15 de agosto de 1996 salió de su casa conduciendo su Seat Ibiza rojo. Aquella noche, sin embargo, no regresó. Ni a la siguiente. Nunca lo hizo. Desde aquel caluroso día de verano han transcurrido ya casi quince años, un largo período de tiempo en el que la familia de esta compostelana no se ha cansado de luchar sin tregua para que la desaparición no cayese en el olvido. Y esta semana el caso daba un vuelco. El martes, la Guardia Civil arrestó a Ramiro Villaverde Gómez, un cámara de televisión que había sido pareja de la víctima y al que los allegados de ella apuntaron, desde el principio, como principal sospechoso.

Y el viernes, tras dos registros en sus casas de Luou (Teo) y Cotobade (Pontevedra), el mismo juez que había acordado su detención, decretó su ingreso en prisión como presunto autor de un delito de asesinato basándose en las "contradicciones" de su relato y en la existencia de una deuda de un millón de las antiguas pesetas con la mujer que el imputado siempre negó. "El móvil económico subyace con evidencia en el relato de los hechos (...)", sostiene el magistrado en el auto en el que ordenó el encarcelamiento en contra del criterio del fiscal, que acababa de pedir su puesta en libertad sin fianza.

La investigación judicial que dirige el juez Fernando Ferreiro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribeira, se enfrenta ahora a una nueva y decisiva fase. A un escenario distinto y también "complejo", reconocen diversas voces judiciales, porque pese al tiempo transcurrido, más de 5.000 largos días, el cuerpo de María José aún no ha aparecido. Fuentes jurídicas consultadas tampoco obvian el hecho de que a la Fiscalía le haya interesado la libertad del imputado. "En un asunto de tanta trascendencia es raro que no haya coincidencia entre juez y fiscal, no es lo habitual; pero tampoco tienen porqué compartir el mismo criterio", señalan prudentes.

La clave de las indagaciones se encuentra en esclarecer lo que ocurrió aquel puente de agosto de 1996 en que se le perdió la pista a esta santiaguesa. La familia de la mujer tiene muy presentes aquellos días. María José, entonces de 35 años, era funcionaria de la Xunta y sindicalista de Unións Agrarias. La víspera de su desaparición, el 14 de agosto, disfrutó tranquila en la playa de sus últimas jornadas de vacaciones. Se acababa de comprar un biquini nuevo de color salmón y charlaba animadamente. Después fue a la peluquería y a tomar algo a una terraza muy céntrica de Santiago.

Faro de Corrubedo

Fue al día siguiente, un jueves, cuando le dijo a su madre, con la que convivía, que se marchaba con el coche, pero que a la noche estaría de vuelta. Pero ese regreso nunca se produjo. "Salía para pasar un día en la playa con Ramiro", aseguraba esta semana convencida Rosa Arcos, una de las hermanas de la víctima, que ha actuado como portavoz de la familia durante todos estos años. Cuatro días después de que María José se fuese al volante de su Seat Ibiza, el coche apareció ante el faro de Corrubedo. Allí estaba el bolso de la mujer con su dinero y el tabaco. "Mi hermana era muy fumadora, jamás habría dejado el tabaco olvidado", relata Rosa. También había una toalla de playa, un pareo, un neceser... Pero ninguna "huella latente". Lo que sí recuerda muy bien esta mujer es que cuando se subió al turismo para traerlo de regreso a Santiago, ella, que mide doce centímetros más que su hermana, no era capaz de alcanzar los pedales: el asiento del conductor estaba excesivamente retirado.

Este detalle también está en la memoria del abogado vigués Carlos Borrás, que ejerció la acusación particular en este caso hasta que se jubiló. "Estaba claro que alguien había movido el asiento, y tenía que ser una persona alta; aquel era un detalle que sorprendía porque María José era pequeñita y conducía muy arrimada al volante", cuenta. Este letrado supo por la prensa la detención del cámara Ramiro Villaverde. "Es por lo que yo luché todo el tiempo que estuve en el caso", afirma el jurista, que nada más conocer la noticia telefoneó a la familia de la desaparecida. "Es increíble su coraje y la lucha que han mantenido desde el principio; recuerdo las falsas alarmas, las personas que creían haber visto a María José, unas pistas que nunca llevaban a nada; pero se tiraba del hilo en todo", dice.

A lo largo de su trayectoria, confiesa, nunca se encontró un caso de "tanta complejidad probatoria". "Pero había un convencimiento moral, yo lo tenía; yo escuché sus contradicciones cuando lo interrogaron", asegura Borrás. Pese a ello, prosigue, lo que queda por delante a nivel de instrucción judicial "va a ser una fase muy complicada". "Lo que ocurra a partir de ahora va a ser vital", explica.

De ello también es consciente el letrado Evaristo Nogueira: coincidió con Borrás en el caso cuando fue contratado por un hermano de María José que después falleció y ahora representa a las hermanas. "Todo proceso penal por un delito de asesinato es complejo; y aquí se añaden otras circunstancias como el tiempo transcurrido, el hecho de que no haya aparecido el cuerpo...", explica el abogado, que no se cansa de apelar a la "prudencia".

Precisamente la ausencia de cadáver dificulta mucho esta investigación. A día de hoy, no hay ninguna evidencia de dónde puede estar. No se descarta que se utilice un georradar en un intento de encontrar el cuerpo, pero eso es algo que debe acordarse judicialmente. "Sin cadáver no está probado que haya una muerte; a no ser que se produzca una confesión", opinaba ayer un magistrado penalista. Otros expertos no comparten este criterio. El abogado de la familia de María José es uno de ellos. "El hecho de que no haya cuerpo no excluye la existencia de un delito de asesinato; siendo importante, no lo excluye", insiste.

Este letrado, en representación de la acusación particular, pidió prisión para Ramiro Villaverde. "Tengo el convencimiento y el sustento jurídico para hacerlo", explica. Para él, las contradicciones del sospechoso en sus interrogatorios como testigo -como imputado se acogió a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante el juez- son esclarecedoras. "Incurrió en muchas (contradicciones) sobre lo ocurrido aquel puente de agosto; primero dijo que no sabía nada de ella desde hacía tiempo, después que sí que había hablado con María José, después cambió de nuevo la versión...", relata. Cuando la familia de la desaparecida llamó al cámara aquellos días de 1996 para ver si sabía algo de ella, él les contestó, según Rosa Arcos, que "se había pasado todo el fin de semana en la cama con un gripazo". "Ha ido modificando sus versiones según aparecían nuevos datos", sostiene.

Otro argumento que defendió siempre la acusación particular es recogido por el juez en el auto: la presunta deuda que Villaverde tenía con la víctima, que apuntaría a un "móvil económico". Hay justificantes bancarios de la cuenta de la desaparecida que arrojan que retiró altas cantidades y habría evidencias de que el cámara de televisión recibió dinero en esa época. "Días después de desaparecer comprobamos que mi hermana retiró 250.000 pesetas de dos cuentas que tenía y 500.000 de una conjunta con mi madre", asegura Rosa, que añade que María José le había dejado a él ese dinero para reparar un barco y para la plaza de amarre en el puerto de Ribeira: "Pero no se lo devolvió y ese fue el motivo del conflicto".

A la espera de los siguientes pasos en la investigación -la defensa recurrirá el auto de prisión-, lo cierto es que la instrucción que se está llevando a cabo en el juzgado de Ribeira va a ser seguida muy de cerca en Pontevedra, en relación con dos casos que se han archivado. Uno de ellos el de un músico que al parecer tenía diferencias con Villaverde y que desapareció en 1990 tras reunirse con él en la discoteca La Luna. Una causa que ya podría haber prescrito. Y otro, el de un vecino de Cotobade que vivía cerca del ahora encarcelado y cuyo cadáver apareció con impactos de perdigones en 2003. Fuentes de la Fiscalía pontevedresa confirmaban ayer que si en la investigación de Ribeira "hay el menor indicio" sobre el caso de Tenorio, este podría reabrirse.