La Guardia Civil de Ourense anunció que ha dado por concluida su labor de investigación tras más de tres años desentrañando la compleja operación Aleta, una trama de estafas millonarias a aseguradoras mediante la simulación de robos y accidentes de tráfico que no existían. Un asunto al que aún le esperan varios meses de trámites en el juzgado comarcal de Tives donde se instruyen las diligencias.

La Fiscalía prevé que no podrá llevar a juicio el caso antes de abril del año que viene. El Ministerio público asume, además, que entre 15 y una veintena de los implicados serán los que se sienten en el banquillo de la Audiencia, señalados por una pluralidad de delitos: estafa continuada, falsedad documental, simulación de delito, robo de vehículos y receptación, usurpación de estado civil, fraude fiscal, contra la propiedad industrial y hasta blanqueo de capitales.

El instituto armado elevó a medio centenar el número de implicados entre detenidos e imputados desde que la investigación se inició, primero en secreto en junio de 2010, y escalonadamente desde que en febrero de 2011 la fase de arrestos estallaba con una redada en Automóviles Santos, un taller concesionario de A Valenzá (Barbadás) la supuesta tapadera.

La Policía Judicial practicó arrestos e imputaciones en Ourense, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Toledo, Ávila y Segovia. El presunto cabecilla es Santos A.G., quien permaneció tres meses encerrado y fue puesto en libertad a mediados de 2011 tras abonar una fianza de 20.000 euros. Además del dueño cayeron en la fase inicial su mujer, una secretaria y dos empleados.

Los agentes realizaron 8 registros, recuperaron 6 vehículos sustraídos y las piezas de otros 8, también robados, e intervinieron 8 automóviles de lujo. Los investigadores localizaron documentación, piezas y equipos informáticos.

En la presunta red delictiva hay talleres de reparación, concesionarios de compraventa, grúas, agentes de seguros, peritos y gestores que daban veracidad a los hechos. Pero además también cayeron particulares que cedían sus datos o otros a cambio de una compensación. La trama había creado una madeja de empresas para canalizar los beneficios -la Guardia Civil acreditó más de 600.000 euros en indemnizaciones fraudulentas- y recibían consejos de asesores mercantiles e inspectores de Hacienda. Se detectó un aumento patrimonial sin declarar de más de un millón de euros.

La investigación fue labor del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial, con el apoyo de Tráfico y cuerpos policiales portugueses, para localizar en el país vecino vehículos sustraídos así como el establecimiento en el que se modificaba el número de bastidor de los coches robados.

La organización adquiría en Alemania vehículos de alta gama y los trasladaba al taller de A Valenzá para reducir el kilometraje. Si había un comprador interesado, se vendían. Si los vehículos se demoraban en exposición, era matriculado a nombre de un tercero en connivencia. Empleando una paleadora o un tractor lo destrozaban hasta dejarlo en estado de siniestro total.

Con una grúa de confianza, los trasladaban a carreteras con altos índices de siniestralidad. Un taller de otro implicado acogía los trámites de peritación, falseando informes o facturas, y luego se daba parte de accidente, bien por salida de vía o bien por una colisión contra otro vehículo de la red. La aseguradora pagaba por el valor de mercado, mayor que el de importación.

No era el modus operandi único. Como explicó la Guardia Civil, la red también adquiría vehículos accidentados y los declaraba siniestro total, ofreciendo más que los desguaces. Usaban la matrícula de estos vehículos en otros similares y, tras suscribir una nueva póliza, repetían el fraude.

Los investigadores comprobaron que con un mismo coche la trama obtuvo compensaciones de tres compañías por casi 150.000 euros.