Cuatro años de cárcel y 8.100 euros de multa. Ésta es la condena a la que se enfrenta un empresario vigués por colocarse supuestamente en una situación de insolvencia pese a contar con buena situación económica y amplio patrimonio, todo ello con el objeto de no pagar los 1.500 euros de pensión mensual a su hija y otros 300 a su exmujer. La Fiscalía, que le acusa de delito de alzamiento de bienes, afirma que debido a la conducta del acusado su hija se vio obligada a abandonar sus estudios universitarios en Madrid, ya que su madre no tenía medios económicos para hacerle frente: la mujer, se señala, tuvo finalmente que endeudarse para que la joven pudiese finalizar la carrera. El juicio estaba fijado para ayer en el Juzgado de lo_Penal 3 de Vigo, pero se suspendió.

El divorcio fue en 2008, pero desde 2009 el acusado dejó de pagar las pensiones, debiendo a fecha de mayo de 2014 más de 93.000 euros.