La suerte está echada. Aunque José Luis Gutiérrez Aranguren, el abogado de Rosario Porto, ha avanzado ya que el de ayer no fue sino el inicio de una carrera de fondo en la que está dispuesto a llegar "hasta la última instancia" que le permitan los tribunales, de entrada tanto su defendida como su exmarido, Alfonso Basterra, se enfrentan ahora a un máximo de 20 años de prisión, de hacer caso el magistrado presidente del tribunal, Jorge Cid, a las pretensiones de la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor y sus letrados, Rocío Beceiro y Ricardo Pérez. Estos abogados demandan la "máxima" pena prevista para un delito cuya calificación es "obviamente", señalan, "de asesinato", y en el que el jurado ha visto probada la coautoría del crimen y la circunstancia agravante de parentesco.
Pero también, como alegó ayer Ricardo Pérez, demandan la aplicación de la pena en su "grado máximo", 20 años, porque "hay que tener en cuenta", subrayan, "todo el sufrimiento que se le ha provocado a la niña" durante un intervalo de "al menos tres meses" y el "desvalimiento" de la víctima, ya que "es en el seno familiar donde se producen estos hechos".
El fiscal, no obstante, se ha mantenido firme en su petición de 18 años de prisión para cada uno de los progenitores. Concede que hay que aplicar la ley vigente en el momento de los hechos, que ofrece una horquilla para el castigo por asesinato de entre 15 y 20 años, y que el hecho de que se dé la agravante del parentesco obliga a optar por la horquilla superior. "Un mínimo de 17 años y medio a un máximo de 20", apuntó, aunque en ese intervalo clarificó que su postura es la de pedir 18 años de cárcel.
"Es una petición moderada", concedió, aunque sí quiso incidir que en todo caso debe ser mayor que "ese mínimo de 17 años y medio por el reproche" que implica esa conducta. Al margen del parentesco, resalta que hay "elementos adicionales a la hora de individualizar y cualificar la pena más allá" del mínimo y que puede acoger la sentencia, como "el acuerdo de voluntades y la planificación conjunta que resulta de los hechos declarados probados por los jurados".
Y todavía, apuntó ayer, se puede añadir "un mayor reproche", que es "el de la edad de la víctima". En ese sentido, explica que si los hechos fuesen cometidos hoy en día podrían ser castigados con prisión "permanente revisable" al tratarse "de una víctima menor de 16 años". "Este es el caso", resaltó. Por todas esas razones, defendió ante el magistrado presidente, Jorge Cid, que la pena "deberá ser mayor de ese mínimo de 17 años y medio".
Mientras no llega la sentencia, que según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puede tardar "unas semanas", Porto y Basterra deberán esperar en prisión. El fiscal pidió que sigan en situación de presos preventivos hasta que se dicte la sentencia "y esta alcance firmeza". Si hasta ahora estaban en la cárcel, el hecho de que pese sobre ellos un veredicto de culpabilidad hace, considera, que deban ser mantenidos en prisión "con mayor razón" ya que percibe "un mayor riesgo de fuga".
El fiscal sostuvo desde el principio que la muerte de Asunta fue "cosa de dos" y la acusación popular también mantuvo que ambos progenitores estuvieron implicados en la muerte de la niña en igual grado.
Las peticiones de prisión de la acusación son las mismas para ambos, pero las reacciones de sus abogados fueron ligeramente diferentes. El letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, avanzó que recurrirá la sentencia condenatoria a su defendida que se derive del veredicto de culpabilidad emitido ayer por el jurado y propuso que fuera puesta en libertad mientras no hay una sentencia.
En todo caso, y teniendo en cuenta el dictamen del tribunal, ha pedido la pena "más favorable" para su cliente, 17 años y medio. Lo hace, explica, teniendo en cuenta el agravante de parentesco y la calificación de asesinato y por tanto, con la concurrencia de alevosía.
"Esta defensa", añadió Aranguren, "va a recurrir hasta la última instancia la resolución que se dicte en este procedimiento" para su defendida, de la que sigue "proclamando a ultranza la inocencia". Durante la vista, el letrado de la madre de Asunta defendió que el culpable de su muerte es alguien que "está ahí fuera" y que no se investigó porque la instrucción se centró en los progenitores de la pequeña.
La abogada de Alfonso Basterra, Belén Hospido, coincidió con Aranguren en pedir la libertad para su cliente hasta que se conozca la sentencia, dejando entrever también que prevé recurrirla al señalar que se adhería a lo manifestado por el letrado de Porto sobre la situación personal de su patrocinado. La letrada apostó en su intervención final por rechazar que exista "alevosía" en el crimen, por lo que se correspondería con un "homicidio" y no con un asesinato y las penas se rebajarían en consecuencia.
En esa línea, defendió que en la redacción del apartado 14 que se considera probado "no se refiere una anulación completa de la capacidad de defensa necesaria para la utilización de alevosía". Así, subraya que en el texto se habla de que Asunta no puede defenderse "de forma efectiva" porque estaba bajo los efectos de un medicamento, lo que entiende es "compatible con la atenuación de dicha capacidad de defensa" y "encuadrable en el abuso de superioridad", la opción por la que cree que se "ha de optar" en aplicación del principio "in dubio pro reo", es decir, en caso de duda, se favorecerá al acusado, y de la aplicación de doctrina del Tribunal Supremo al respecto.
"Alevosía no hubo", subrayó, y con eso el delito sería, apuntó, un homicidio, y la pena se movería en un abanico de 12 años y medio a 15. Su petición se decantaría por la mínima, "12 años y medio". En todo caso, "subsidiariamente", y por si se considera un asesinato con agravantes, la condena que solicita es "de 17 años y medio".
