Golpe a la distribución y venta de ropa y prendas falsificadas desde un juzgado de Redondela. Al menos nueve personas fueron detenidas ayer por presuntos delitos contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales en una operación desarrollada a nivel estatal por la Policía Nacional y coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la citada localidad redondelana.

El juez autorizó 17 entradas y registros simultáneos en Arcade (Soutomaior), Fornelos, Pontevedra y A Coruña, así como en otros puntos de España. La investigación se centra en un grupo de personas de origen marroquí, asentadas hace mucho tiempo en las localidades gallegas, que supuestamente introducía ropa falsificada en Portugal para su posterior distribución en distintas ciudades españolas a través de ciudadanos de origen senegalés. Estos serían los encargados de hacer llegar la mercancía, o al menos parte de ella, al consumidor final en mercadillos ambulantes, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La operación policial seguía abierta anoche y no se descartan nuevos arrestos, ya que inicialmente el número de detenidos previstos superaba la veintena. Tampoco ha trascendido el volumen y la valoración de la mercancía intervenida en los registros a la espera de que comiencen las declaraciones en el juzgado de Redondela.

Agentes de la lucha contra falsificación de la Unidad de Delitos Violentos (Udev) de Madrid se desplazaron ayer a Galicia para proceder de forma simultánea a los arrestos de los principales implicados. Una treintena de policías, entre ellos agentes de la comisaría de Vigo, participaron en la inspección de dos almacenes propiedad de ciudadanos marroquíes en Arcade. Uno situado al pie de la N-550 y el otro en la avenida Xosé Solla, muy cerca del primero.

Fuentes próximas a la investigación apuntan que, tras el cierre del mercado de A Pedra en Vigo hace más de un año, se detectaron gestiones por parte de los proveedores lusos para intentar colocar la mercancía falsificada que se fabrica en su país y que ya no tenía salida. De esta forma habrían contactado con el grupo marroquí que al parecer se encargaba de la distribución de las prendas por toda España. Algunos establecimientos del grupo actuarían como almacenes desde los que surtían a los vendedores ambulantes que se encargarían de la venta directa al consumidor, bien en mercadillos o en puestos callejeros.

La inspección de domicilios y locales comerciales, como confirmaron fuentes jurídicas, se centra en distintos establecimientos regentado por ciudadanos marroquíes. Según fuentes próximas a la intervención, también habrían inspeccionado inmuebles de Fornelos de Montes, así como en Pontevedra.

En la operación, contra la falsificación de ropa y copias fraudulentas de cedés y deuvedés, colaboraron agentes de la comisaría de Vigo que, a través de la Policía Judicial, da apoyo a la unidad especial desplazada desde Madrid.