La vida de José Eligio Otero Martínez, un joven de la localidad potevedresa de Bueu, sufrió un cambio brutal un día a principios del verano de 2011. Agentes de la Guardia Civil se presentaron en su puesto de trabajo, en una atracción de feria en Vigo, y le detuvieron por una violación cometida casi dos años antes, el 1 de noviembre del año 2009, en la zona de La Ribera navarra pese a que el joven de 28 años nunca había estado por allí.

La prueba incriminatoria eran unos supuestos restos de ADN del agresor encapuchado en el colchón de la víctima, aunque tras ocho meses en prisión provisional a la espera de juicio, el contraanálisis solicitado por su abogado deshizo el entuerto. La Guardia Civil, como reconocieron los agentes en el juicio, se equivocó al etiquetar los frascos con esos restos de ADN, que en realidad pertenecían al marido de la mujer.

La Audiencia Nacional acaba de condenar al Estado a indemnizarle con 70.000 euros por un error que le llevó injustamente a la cárcel, que se suman a los 30.000 pagados inicialmente. El tribunal reconoce el daño causado por una delito "especialmente infamante".

"Me encuentro bien, aunque he vivido una experiencia muy dura. Pueden pasar 50 años más que esta espina no te la quita nadie y el dolor sigue ahí. Estuve ocho meses por algo que no hice en la cárcel, donde los violadores no son muy apreciados", señala el joven, quien considera que la sentencia es "completamente insuficiente". Me han roto la vida y me la han tirado por la borda. En su momento fueron muy rápidos para encarcelarme. Ahora, con esta sentencia, el Estado no es nada generoso", subraya.