El duro golpe asestado al clan de Los Morones que derivó en órdenes de ingreso en prisión para el patriarca y cuatro de sus hijos tuvo su germen en una querella formulada por la Fiscalía en marzo de este mismo año y que se dirigió contra un total de 13 personas, la gran mayoría miembros directos de esta familia pero entre ellos también algunos supuestos colaboradores. Todos ellos, a juicio del Ministerio público por los indicios recabados, integraban una posible organización criminal que funcionaba de forma jerarquizada y con un claro reparto de funciones donde tenía mucho peso la etnia y cultura gitana a la que pertenecen. La trama de extorsión a vendedores ambulantes que se les atribuye para ejercer el control en una decena de mercadillos de la provincia de Pontevedra funcionaba supuestamente mediante la exigencia del pago de tasas de al menos casi 150 euros a los vendedores, a los que obligarían a afiliarse a su cooperativa bajo amenazas de muerte o de otra índole: en esta estrategia intimidatoria habría desde amenazas en redes sociales a otras cometidas en plena carretera con vehículos o con otras como la prohibición de celebrar bodas o destierros. Una mecánica que la red llevaba presuntamente utilizando al menos desde hace tres años.
La querella formulada por la Fiscalía se incluye en las diligencias previas de la causa cuyo secreto fue levantado este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, que dirige esta investigación judicial. El caso, por el momento, ocupa unos cinco tomos que suman un millar de folios, expedientes, que ya empezaron a recibir ayer algunos de los abogados personados en la causa, mientras que otros letrados aún la recibirán hoy. Las indagaciones de la Fiscalía que derivaron en la querella arrancaron a finales del pasado año, a raíz de recibir un atestado de la Guardia Civil realizado con motivo de la reyerta ocurrida en octubre en el mercadillo cangués. Ese episodio violento habría evidenciado a ojos de los investigadores un modo de proceder que iba más allá de ese grave hecho puntual y que pondría sobre la mesa una supuesta organización criminal. La querella, de los indagaciones realizadas, estima que la jefatura la ostentaría Olegario Giménez Salazar, el patriarca de Los Morones y autodenominado rey de los gitanos gallegos. Sin embargo que este importante papel de poder habría sido traspasado también a Sinaí Giménez Jiménez, el más mediático de sus hijos, y por debajo de éste, estarían otros tres hijos de Olegario.
