La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y 1.440 euros de multa a un hombre que no comunicó a la Seguridad Social que su padre había fallecido y siguió percibiendo su pensión de incapacidad absoluta durante quince años. Deberá indemnizar a la entidad pública con 84.100 euros, la cantidad no devuelta.
La Audiencia considera que la actuación del acusado "supone un ocultamiento consciente y deliberado de un dato esencial que venía obligado a comunicar" y que, por ello, es autor de un delito continuado de estafa.
El condenado era el único autorizado para operar con la cuenta bancaria de la que era titular su padre. En ella la Seguridad Social ingresó la pensión tras la muerte del progenitor, 288.300 euros en total, de los que el acusado gastó 84.100.
