Los datos del Ministerio del Interior revelan que A Coruña es la provincia con mayor incidencia de los delitos de odio con un total 41 episodios en todo el año 2015. Se registró también un ligero aumento de estos delitos en la provincia de Pontevedra. De las siete denuncias presentadas en 2014 ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, se pasó a una docena en 2015. Se trata apenas de un 0,9% de los hechos conocidos en todo el territorio nacional y de un 18,7% del total de los que se registraron en Galicia.

Tanto la Fiscalía como las fuerzas de seguridad del Estado han puesto especial énfasis en la persecución de este tipo de delitos que atentan contra derechos fundamentales. En Pontevedra, las más frecuentes son las acciones que tuvieron como trasfondo alguna situación de racismo o xenofobia (con cuatro de los doce incidentes), seguido de los hechos contra personas que sufren algún tipo de discapacidad (tres casos) y finalmente hubo dos casos de incidentes contra personas por su ideología y otros dos más por motivo de su orientación o identidad sexual. Un último hecho tuvo que ver con personas o personas que atentaron contra la libertad de algún individuo o colectivo por motivo de sus creencias o prácticas religiosas.

No hubo agresiones con trasfondo antisemita o aporofobia (rechazo o vejación por causa de pobreza) en la provincia, como tampoco hay constancia de discriminación por razones de género, según el balance de Interior.

También se consiguió identificar a 16 personas que pudieran ser víctimas de este tipo de hechos delictivos, cuatro por alguna discapacidad que padecen, otras tantas por su orientación o identidad sexual y las ocho restantes por una ataque físico o verbal por motivo de su raza o procedencia.

La mayoría de los hechos fueron esclarecidos, al resolver un 75% de las denuncias presentadas. No obstante, la mayoría son incidentes de carácter leve, algo que se desprende del hecho de que tan solo dos personas fueran detenidas o imputadas judicialmente por este tipo de delitos en la provincia en todo 2015. Una por un ataque a las libertades religiosas y otra por denigrar a una víctima a consecuencia de una discapacidad que padece.

Este tipo de delitos de odio es seguido de cerca por la Fiscalía que, recientemente, incluyó esta tutela penal "de la igualdad y contra la discriminación" en una de las materias de obligado tratamiento en sus memorias anuales y que cuenta con un fiscal especializado en cada provincia. En su caso, el número de delitos de este tipo recogidos en la memoria anual del Ministerio Público en la provincia es ligeramente menor al del informe de Interior, ya que algunos de los incidentes investigados por las fuerzas de seguridad no acabaron siendo tramitados por la vía penal, según fuentes de la Fiscalía. El Ministerio Público espera, no obstante, un incremento de este tipo de delitos por el uso de internet.