Una exconcejala, una antigua técnico del área de Medio Ambiente y tres trabajadores se sentaron ayer en el banquillo acusados por dos asociaciones animalistas -Matar por Matar Non y Amigos da Terra-, que les atribuyen malos tratos por la gestión que el concello de O Carballiño (Ourense) hizo de la perrera municipal durante apenas dos meses. Desde que, en cumplimiento de una moción plenaria, asumió las instalaciones, dando el relevo a un grupo ecologista local, hasta que una inspección del Seprona descubrió una gran fosa llena de cadáveres. Los cinco acusados negaron malos tratos ni que hubiera instrucción alguna de acabar con la vida de los canes. Tampoco les llamó la atención ni tuvieron constancia, aseguraron, de la "desproporcionada mortandad" detectada por la Guardia Civil. Con distintos relatos, coincidieron en que la explicación a los fallecimientos que se iban produciendo solo podían ser las peleas entre animales por la noche.
La instalación, gestionada en la actualidad por la Diputación de Ourense, carecía en el momento de los hechos, a principios de 2009, de luz y agua. Los bomberos subían, de vez en cuando, para llenar un depósito. La cámara frigorífica -el lugar idóneo para conservar los cadáveres- estaba inservible. Tres años antes, el Concello había recibido 250.000 euros de subvención de la Xunta, pero la financiación no cubrió esas dotaciones. El Seprona vio hacinamiento en algunas jaulas; otras estaban vacías. Los agentes contabilizaron 142 animales cuando, a finales del año anterior, en la época en que la asociación ecologista Outeiro llevaba la gestión, la cifra era de unos 220. Las defensas subrayan que no hay prueba documental del primer dato ni evidencias para demostrar que la diferencia, unos 70 canes, equivalga al número de muertes registradas en el plazo de 2 meses de gestión por parte del ayuntamiento.
