Quince acusados de nueve familias de etnia gitana estaban citados ayer a juicio por un delito de usurpación. Se sentaron en el banquillo por okupar en Verín varios bloques sin habitar de viviendas pertenecientes al Ministerio de Fomento y la Xunta. A finales de 2014 fueron desalojados. Ayer sellaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que cierra la causa penal en su contra.
Los okupas aceptaron el pago fraccionado de una multa de 720 euros, así como hacerse cargo de las indemnizaciones a las administraciones, por los daños causados en los accesos a las viviendas y el uso. En agosto de 2014 entraron a vivir en las viviendas del conocido como poblado de "obras públicas" de Verín sin el consentimiento de las administraciones, forzaron las cerraduras y okuparon nueve bloques que se encontraban deshabitados. Entre los inquilinos había varios menores.
