La red que forzó en quince años a 80 menores para producir archivos de pornografía infantil y venderlos en todo el mundo captaba a chicos vulnerables en la calle y les ofrecía dinero, alcohol y drogas para que se sometieran a las prácticas sexuales, que a veces grababan sin su conocimiento.
La organización captaba en España a la mayoría de las víctimas, grababa los vídeos a escala industrial y se encargaba de distribuirlos por todo el mundo. Las víctimas eran siempre chicos menores de edad, en su mayoría procedentes de la inmigración y de familias desestructuradas, a los que captaba en la calle. Los miembros de la organización llevaban a los menores a pisos, primero en Tortosa y luego en Valencia, donde grababan vídeos con las prácticas sexuales que luego vendían en todo el mundo.
Algunos menores eran conscientes de que se les estaba grabando en vídeo, aunque en algunos casos no era así y las imágenes se captaban a través de cámaras ocultas. La red también se desplazaba de forma frecuente a Marruecos, donde habían llegado a grabar imágenes sexuales con menores en plena calle, así como a países como Sri-Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali.
Entre los siete detenidos figura el supuesto líder del grupo, un hombre de nacionalidad francesa acusado también de ocho abusos sexuales a menores de trece años y que en sólo tres años ganó más de 80.000 euros distribuyendo archivos pedófilos a través de internet y por correo.
