La Fiscalía de Pontevedra da por concluida la primera de las investigaciones por fraude en torno al conocido como rey de las verbenas en Galicia, Ángel Martínez Pérez, consejero delegado de Representaciones Lito S.L., grupo empresarial que tiene en su agenda a algunas de las orquestas más mediáticas en la comunidad autónoma. Según las estimaciones del propio Ministerio Público, puede además llegar a controlar entre el 50 y el 60% del mercado de las verbenas en Galicia. La Fiscalía pide ahora al juzgado la apertura de juicio oral contra Ángel Martínez Pérez en un escrito de acusación y que se le impongan 14 años de prisión como autor de seis delitos contra la Hacienda Pública cometidos en 2011 y 2012.
En total serían dos años por cada uno de los dos delitos del IRFP, tres años por cada uno de los dos delitos relativos al IVA y dos años más por cada uno de los dos delitos del impuesto de sociedades. En el escrito de acusación, presentado ante el juzgado de instrucción número 2 de Caldas de Reis, la Fiscalía también reclama multas por 43 millones de euros tanto a Ángel Martínez Pérez como a la propia empresa investigada, Representaciones Lito S. L., una de las firmas que se engloban en el entramado empresarial del grupo que, según la Fiscalía, el acusado gestionaba y dirigía, tomando "la decisiones propias de la administración y gerencia", incluidas las fiscales. Además, reclama que empresa y acusado devuelvan al Estado los 9,5 millones supuestamente defraudados durante 2011 y 2012.
Aunque inicialmente la Fiscalía se querellaba contra los cinco socios de la empresa, finalmente formula acusación únicamente contra la empresa y contra Ángel Martínez, al entender que era él quien realmente tenía el control y tomaba las decisiones sobre la empresa.
Los hechos por los que presenta acusación el fiscal son los ya recogidos en la querella que presentó contra Representaciones Lito hace ahora un año. Considera que la empresa declaró a Hacienda unos ingresos muy inferiores a los que realmente obtuvo. "La contabilidad oficial no recoge la imagen fiel de la empresa, así se contabilizan al 100% los ingresos de los clientes que quieren factura (aproximadamente un 8% de lo facturado) y no se contabilizan los que no la quieren".
Así, declaró en 2011 una base imponible de 2,1 millones cuando realmente serían 26 millones, según la Fiscalía y 1,9 millones en 2012 cuando la cifra real ascendería supuestamente a 23,9 millones. Tampoco se recogen los gastos por los servicios de las orquestas, que son opacas, dice el fiscal, ni los de los representantes, los agentes utilizados para conseguir las contrataciones, a quien acusa de no practicarles las correspondientes retenciones. Además, se contabilizarían como gastos facturas emitidas por otras empresas del grupo por conceptos como material o transporte.
En su día, el Grupo Lito respondió a la querella de la Fiscalía asegurando que estaba al día en el pago de sus impuestos dado que se limitaba a realizar funciones de representación y oficina comercial de las orquestas, algunas integradas en el grupo pero otras no, y que el espectáculo era ejecutado por terceros. Alega, en definitiva, que se limitaría a realizar la función de intermediario. Lo mismo ocurre con los representantes o "agentes" que ayudan a conseguir las contrataciones: afirma que son autónomos.
No lo considera así el fiscal, quien reitera que Representaciones Lito realiza esta labor de representación en "nombre propio", pues "oferta y vende el producto, estableciendo relación directa" con los clientes "aplicando su voluntad a los términos del acuerdo". El fiscal concluye que "su misión no se limita, como quien actúa en nombre ajeno, a poner en contacto a los clientes con las orquestas", según señaló en su querella.
El fiscal y la Agencia Tributaria reconstruyeron la declaración de Representaciones Lito en base a documentación "extracontable" que, asegura, la propia empresa reconoció como fiable. Ángel Martínez Pérez fue citado en el juzgado de Caldas el pasado mes de abril y se acogió a su derecho a no declarar. Allí, representantes de la empresas defendieron este supuesto papel de intermediario de la empresa, de tal forma que aseguran que quienes tendrían que presentar declaración son las orquestas, algo que rechaza el fiscal.
