Pocas veces se ha dado en la Audiencia de Pontevedra un giro copernicano de la magnitud del que se vivió ayer en el juicio contra los supuestos 13 integrantes (inicialmente eran 14, pero uno está en paradero desconocido) de una supuesta red de narcotráfico liderada por el histórico Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo. Un vuelco con origen en la toma de conocimiento por parte de varias defensas de un documento manuscrito incorporado a la causa en el que el propio Bugallo detalla a grandes rasgos, como se gestó este narcotransporte frustrado de 3.500 kilos de cocaína y el papel que jugarían la mayoría de los acusados en la trama.

Se trata de un documento supuestamente escrito de puño y letra por Rafael Bugallo y que fue localizado en un registro en la vivienda de O Mulo en Corbillón, Cambados, en el marco de otra operación antidroga en la que cayó el arousano posterior a esta que data ya de 2008. El Ministerio público ya había propuesto su incorporación a la causa en su escrito de acusación, evacuado al juzgado en junio de 2015, por lo que el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, insistía ayer en que no se puede hablar de "incorporación tardía" de esta prueba documental al proceso, tal y como ratificó luego el tribunal.

Con todo, muchos letrados manifestaron al inicio de la vista sorpresa por su desconocimiento sobre dicho documento y señalaron que la existencia de este manuscrito no le fue comunicada por la Audiencia hasta el lunes o incluso ayer mismo. En cualquier caso, y para "salvaguardar sin ningún atisbo de duda que las defensas puedan analizar esta documental", la Fiscalía accedió a una suspensión de la vista oral, que se retomará hoy.

La existencia de este documento varió la línea de defensa y tras la suspensión del juicio se celebró una reunión entre los letrados y el fiscal para negociar una posible rebaja de pena a cambio del reconocimiento de los hechos por parte de la gran mayoría de acusados.

Uno de los letrados de la defensa, Víctor Bouzas, reconoció que 9 de los 13 procesados se mostraron dispuestos a reconocer hoy su pertenencia a esta organización, de tal forma que la Fiscalía se avendría a pedir al tribunal que se tenga en cuenta la atenuante de confesión tardía. A esto habría que sumar otra atenuante de dilaciones indebidas, dado que el caso se remonta a 2008 y llega a juicio casi 9 años después. Eso supondrían una rebaja "sustancial" de la petición de condena.

Dado que no es un acuerdo de conformidad en el sentido estricto, la rebaja que efectúe el fiscal podría no coincidir con la que reclamarán las defensas al tribunal, pero Bouzas confía en que las penas de entre 15 y 16 años que se piden ahora para alguno de los acusados puedan moverse al término de la vista, y ya aplicando las atenuantes, en torno a los 6 u 8 años de prisión, según el caso. Aparte de los 9 acusados que estarían dispuestos a reconocer los hechos, entre ellos O Mulo, otros cuatro encausados siguen manteniendo su inocencia e insisten en que no tienen nada que ver con los 3.500 kilos de cocaína.

Según el escrito de la Fiscalía, los 14 acusados esperaban la llegada a la costa pontevedresa de una planeadora cargada con esa droga, pero el retraso de la embarcación en llegar a tierra y un fallo en las comunicaciones acabaron por echar al traste con la operación, optando la red por fondear la droga en Cabo Silleiro (donde fue descubierta por Aduanas) y embarrancar la planeadora en A Lanzada, prendiéndole fuego antes de huir.

La Fiscalía, inicialmente, pide penas que suman 214 años y multas por valor de 8.400 euros.