El pasado verano el Tribunal Supremo declaraba firme la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que impuso penas que suman 50 años de prisión y multas millonarias a la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que lideró Juan Carlos González Martín, Culebra. Con ello, la sala viguesa comenzaba en octubre de 2016 a requerir a los 11 condenados que debían ingresar en la cárcel -otro sentenciado recibió una pena menor- para que diesen este paso. Pero las primeras entradas en el penal se han demorado hasta ahora debido al aluvión de recursos presentados por los condenados para intentar eludir o al menos retrasar ese momento. Los primeros miembros de la red en ingresar en el penal han sido dos de los considerados testaferros, condenados cada uno a 4 años de cárcel: María Pilar L.C. y el empresario Alfonso C.A. Ambos comparecieron en sede judicial para mostrar su voluntad de entrar y así lo hicieron, como confirmó esta semana el penitenciario de A Lama a la Audiencia.
La investigación judicial contra la red del Culebra arrancaba hace más de una década, en julio de 2006, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. En 2008 se desencadenaron las detenciones y, tras unas complejas pesquisas, el caso llegaba a juicio en la Audiencia viguesa en 2014. Fue en 2015 cuando la sala dictaba el fallo, que imponía la mayor condena, 6 años de prisión, a González Martín, y sentenciaba a otras 11 personas: la mujer y tres hijos del cabecilla, dos sobrinas y varias personas más conformaban esta red de testaferros. Con la excepción de un promotor que sólo recibió una pena de 6 meses de cárcel, el resto debía ingresar en prisión. Cuando el Supremo confirmó las penas, la Audiencia inició el proceso para ejecutarlas. Pero la avalancha de recursos y peticiones de indultos se sucedieron desde entonces. Como balance, el único que ha logrado frenar su ingreso en la cárcel ha sido paradójicamente el líder de la red, Culebra.
