Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han detectado un fraude de tres millones de euros tras investigar a más de 28 empresas gallegas, pertenecientes principalmente a los sectores de la hostelería y la construcción.
Según un comunicado de la Dirección General de la Policía hay 12 personas detenidas e investigadas, entre las que se encuentran los administradores de las mercantiles, testaferros y personas que colaboraron con la organización para el fraude. Están acusadas, entre otros delitos, de fraude de cotizaciones a la Seguridad Social, frustración en la ejecución, fraude de prestaciones, estafa procesal, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de A Coruña y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) detectaron más de 28 empresas con elevadas deudas e indicios de altas ficticias.
Una de las mercantiles investigada en el sector hostelero habría generado un perjuicio a la TGSS de más de 900.000 euros, tratando de evitar las actuaciones ejecutivas de la Administración mediante la interposición de un testaferro al frente de la misma. Una cantidad semejante (894.028,27 euros) habría defraudado otra empresa de construcción asentada en la localidad de Pontedeume, que habría utilizado la sucesión ficticia de una serie de mercantiles, la descapitalización de la misma y la creación de una empresa limpia.
Otras de las empresas investigadas es una consultoría que supuestamente estaba constituida por un despacho de abogados en A Coruña. Según los agentes, en realidad se dedicaba a la constitución de empresas pantalla en las que se iban dando de alta los miembros del grupo criminal, con la intención de obtener ilícitamente prestaciones por parte del SEPE. Luego, mediante la constitución de falsos sindicatos o asociaciones de representación laboral, demandaban judicialmente a las empresas ficticias por despidos improcedentes, impagos de salarios e indemnizaciones. La Patronal no se presentaba ni a la conciliación previa ni ante el Juzgado, consiguiendo con ello una sentencia condenatoria con la que posteriormente presentaban reclamación de estas cuantías al Fogasa, cerrando de este modo el círculo defraudatorio y obteniendo el mayor lucro ilícito posible. Así, esta empresa originó un perjuicio económico a las arcas públicas de 289.950,78 euros.
