La jueza que investiga la muerte de Naiara, la niña de 8 años asesinada en Sabiñánigo (Huesca) a causa de una brutal paliza, considera que el presunto asesino, el tío político de la menor, actuó con "extrema dureza y crueldad" en las torturas que le infligió.
El sumario que recoge el relato de hechos proporcionado por la instructora describe con minuciosidad las más de ocho horas de vejaciones y crueles torturas que padeció la pequeña antes de ser avisados los servicios de emergencia por el presunto asesino. La magistrada considera al imputado, el lucense Iván P.P., presunto autor material del crimen, pero implica a la abuelastra y padrastro de la niña en los severos castigos sufridos desde mucho tiempo antes por la menor con el fin de vencer su resistencia a estudiar.
Por esta razón, la juez mantiene como investigados a ambos por un presunto delito continuado de maltrato en el ámbito familiar. También alude a la posible participación de otras dos sobrinas del acusado, ambas menores de edad, que convivían en el domicilio familiar en presuntas tareas de vigilancia de que los castigos eran cumplidos con el rigor exigido.
La juez no aprecia indicios de que la madre de la menor, Mariela Benítez, que trabajaba fuera de Sabiñánigo, fuera conocedora de las torturas que sufría su hija.
Los castigos físicos, relata la juez, comenzaron el 5 de julio en el domicilio de la madre del acusado, después de pasar toda la noche la niña de rodillas sobre pequeñas piedras con la obligación, impuesta por su tío, de que copiara veinte hojas de una lección escolar. Sobre las 8.15 horas, el acusado, Iván P.P., de 33 años, comenzó a golpear a la niña por no haber realizado la tarea impuesta, llegando incluso a darle descargas eléctricas.
La jueza detalla la brutalidad de las torturas que sufrió la pequeña, que fue atada y amordazada mientras seguía recibiendo golpes, y perdió el conocimiento después de que su tío la zarandease y la tirase contra el suelo. La niña murió la mañana del día siguiente en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza debido a la gravedad de las lesiones sufridas, en especial las recibidas en la cabeza tras ser zarandeada.
La juez, que se apoya en los testimonios del acusado y de su familia política así como en las numerosas pruebas recogidas en el domicilio por la Guardia Civil, insiste en la "gravedad, crueldad y dureza" de los castigos infligidos a la menor.
El sumario recoge datos sobre los castigos sufridos desde tiempo atrás, principalmente colocar a la menor de rodillas sobre piedras y ortigas, y de la labor de vigilancia que exigía el acusado a sus sobrinas.
