La vista oral por el doble crimen de Arbo llegó ayer a su fin. Seis maratonianas jornadas que terminaron con la presentación de los informes por parte de acusaciones y defensa y con el acusado, Arturo Domínguez Sebastía, haciendo uso de su derecho a la última palabra para insistir, ante el jurado popular, que no fue el autor de los disparos de escopeta que acabaron con la vida de su expareja, Beatriz Rodríguez, y del que era su nuevo novio, Sergio Rodríguez, en julio de 2015.
"Soy inocente", aseguró Arturo Domínguez, quien añadió que "jamás mataría a una persona, ni a Sergio ni a la madre de mi hija", explicó. Fueron sus únicas palabras ante los nueve miembros del jurado que hoy se retirarán a deliberar para emitir un veredicto.
Previamente, la Fiscalía, la acusación particular, que ejercen las familias de las víctimas; y la letrada de la Xunta (que actúa como acusación popular) mantuvieron sus tesis ante el tribunal popular para que declaren culpable al acusado como autor de dos delitos de asesinato con alevosía. En sus conclusiones definitivas, el fiscal mantuvo su petición de 46 años de prisión (23 por cada asesinato) pena que eleva a 50 años la acusación particular. El Ministerio Público solicitó que un mínimo de 40 años sean de cumplimiento efectivo de la condena.
El fiscal, Juan Sagredo, subrayó que existen pruebas e indicios suficientes para quebrantar el principio de presunción de inocencia sobre el acusado. Recordó los seguimientos que realizaba junto con otras personas "casi a diario" a las víctimas; algunas de las amenazas hacia su expareja y Sergio que relataron los testigos (recordó que dijo "si ella no es para mí no es para nadie"), el "hostigamiento" por parte del acusado hacia la pareja. Una obsesión de Arturo Domínguez por su mujer que provocó, según el fiscal, que ambos fueran "brutalmente asesinados por el acusado" que los sorprendió en un lugar apartado. "Los acechó y de un disparo certero de alguien experimentado en la caza le voló la cabeza a Beatriz y luego a Sergio".
La Fiscalía también llamó la atención sobre la actitud poco colaboradora del acusado tratando de entorpecer, a su juicio, la investigación. En primer lugar negándose en primera instancia a realizar la prueba de la parafina para detectar posibles residuos de pólvora, o la negativa al registro de su domicilio que se tuvo que realizar por orden judicial. Aunque lo más importante para el Ministerio Público es la negativa, mantenida hasta ahora, a facilitar el código de desbloqueo de su teléfono móvil, algo que permitiría acceder a los datos GPS de las distintas aplicaciones y así conocer el recorrido exacto que realizó aquella noche con un margen de error de unos metros. Una prueba, que recordó el fiscal, de ser cierta su versión le permitiría haber puesto fin a su situación de prisión provisional hace ya tiempo.
