Han pasado 25 años del secuestro de la farmacéutica de Olot, María Ángeles Feliu. Hija de un industrial y madre de tres hijos, el 20 de noviembre de 1992 la capturaron, la metieron en el maletero de un coche y después de cuatro horas de vueltas la encerraron en una casa de Sant Pere de Torelló. No había luz artificial y no podía estar derecha ni estirada. Unas condiciones inhumanas que se prolongaron meses y meses en los que llegó a escuchar por la radio que se había procesado a dos personas por haberla matado y que la habían declarado legalmente muerta.

La liberaron el Domingo de Ramos de 1994, cuando apareció en una gasolinera cerca de Manresa, pidiendo una moneda de 25 pesetas al empleado para poder comprar una refresco en la máquina expendedora. Había estado 492 días secuestrada. Fue el cautiverio más largo registrado en España por causas no políticas. Iba mal vestida y "parecía una mendiga", pero los anillos y el reloj de la muñeca decían lo contrario. Y no le hizo falta al trabajador ligar mucho las piezas cuando la mujer le dijo que era María Ángeles Feliu, porque todo el país tenía noticias del secuestro. Entonces, le ofreció un asiento y llamó inmediatamente a una pareja de la Guardia Civil que estaba en el bar tomando un café.

Tras la incredulidad inicial, los agentes comprobaron el DNI de la mujer y los teléfonos que les dio de su marido y sus padres. Después se sentó, se bebió el refresco y les explicó que no sabía cómo había llegado a la gasolinera. De repente, había aparecido. Pero su estado físico indicaba que no podía haber hecho un trayecto muy largo caminando porque estaba muy débil, como explicaron los médicos del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

La liberación de María Ángeles Feliu dejó muchos interrogantes. El secuestro se consideró atípico y primero se pensó que era obra de aficionados; después se creyó que los autores sabían lo que se hacían; y finalmente se pensaba que se les fue de las manos y que se habrían deshecho de su víctima. Por eso, cuando apareció la farmacéutica engordaron el número de interrogantes.

Tuvieron que pasar cinco años desde la liberación para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil diera con los responsables del secuestro (y aún cinco más para el juicio). El 8 de marzo de 1999 la UCO remitió un informe al juzgado número 1 de Olot donde detallaba sus sospechas sobre dos policías locales de ese municipio que podrían haber participado en el secuestro. Dos días más tarde, el agente Antoni Guirado se entregaba a la Guardia Civil, confesaba los hechos y daba el nombre de sus cómplices: Ramón Ullastre Clapé, guardia forestal de Sant Pere de Torelló; Montserrat Teixidor Marqués, esposa de Ullastre; y José Luis Paz García, un delincuente común de Camprodon.