Habrá que esperar meses para ver al histórico narcotraficante Sito Miñanco declarar ante los magistrados de la Audiencia de Pontevedra en el juicio por blanqueo. Su interrogatorio, así como el de los otros cuatro acusados (su exesposa, una de sus hijas, su cuñada y un empresario que actuaba como supuesto testaferro), estaba previsto para ayer. Sin embargo, el incidente de recusación de dos magistrados presentado por la defensa del propio Miñanco y por el abogado de su hija, Rosa María Prado, obligó a suspender el juicio sine die.
La apertura de este incidente de recusación obligará a abrir una pieza separada y a nombrar a un magistrado instructor, ajeno al tribunal, que deberá determinar si, tal y como sostienen las defensas, dos de los magistrados que componen el tribunal, Xoán Xosé Barreiro y Rosario Cimadevila, han "perdido la parcialidad" en este asunto al abordar en 2011 un recurso sobre esta misma causa cuando estaba en fase de instrucción. Un proceso que llevará su tiempo y que amenaza con postergar meses el juicio, dado que a la apretada agenda de la Audiencia (con señalamientos ya fijados hasta el mes de junio) habrá que añadir el embotellamiento de asuntos pendientes que se está produciendo debido a la huelga en la administración de Justicia.
Tal y como reconocía el abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, la admisión a trámite de este incidente de recusación no significa que la sala le esté dando la razón a la defensa en su tesis de que el actual tribunal está "contaminado" en esta causa. Sin embargo, considera que "con muy buen criterio", los magistrados "están siendo cautos" a la hora de garantizar algo tan importante para la validez del proceso judicial como es "el derecho a un juez imparcial" y "para curarse en salud", han decidido examinar esta cuestión de manera detallada.
También opina lo mismo el fiscal del caso, Jesús Calles, quien considera que la sala está actuando con prudencia y con el objetivo de "evitar cualquier defecto procesal" que pueda ser causa de nulidad en el futuro, en un proceso en el que además se espera que, de obtenerse una hipotética condena, va a contar con un aluvión de recursos y ante todas las instancias posibles. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia apelaron a esta "prudencia" como causa principal de suspender el juicio para analizar en profundidad la alegación.
Y es que para el representante del Ministerio público, el actual tribunal que juzga el caso mantiene la imparcialidad en este caso al recordar que el auto de 2011 al que se refiere la defensa abordaba únicamente una cuestión de competencia entre los juzgados de Cambados y Vilagarcía, sin entrar en el fondo de los hechos que ahora se enjuician.
No opina lo mismo el abogado de Miñanco, quien insiste en que el juzgado ha perdido "su imparcialidad" por dos razones. En primer lugar, considera que en ese auto, y para determinar qué juzgado era el competente, tuvo que entrar "al fondo del asunto" e incluso "se pronunció sobre la existencia de indicios de criminalidad en relación a lo que podemos considerar como hecho nuclear que es objeto del presente juicio", señala Boye en su escrito de recusación.
Pero además, el letrado de Miñanco recuerda que una de las cuestiones previas que planteó fue, precisamente, la nulidad de aquel auto en el que se establecía la competencia del caso en el juzgado de Cambados, al considerar que correspondía a Vilagarcía. La Sección Segunda resolvió entonces que la competencia residía en Cambados en un auto firmado por dos de los magistrados de la Audiencia ahora recusados. El letrado de la exesposa de Miñanco, Alejandro Vega, confirmó que el resto de las defensas se unirán a esta petición de recusación de los dos magistrados de la Audiencia. Los cinco acusados se enfrentan a una petición del fiscal de seis años de cárcel.
La defensa de Miñanco alude también a una supuesta "indefensión" de su cliente por la "sorpresividad" de ciertas pruebas nuevas solicitadas por la Fiscalía y admitidas a trámite por el tribunal. El representante del Ministerio público insistía ayer en que no existe tal indefensión y que no se trata de pruebas sorpresivas. Para el fiscal, este incidente de recusación no es más que una maniobra dilatoria.
