La Guardia Civil ha trasladado a primera hora de la tarde de este lunes a Ana Julia Quezada, detenida por su implicación en la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, hasta una finca en la pedanía de Rodalquilar, en Níjar (Almería), para efectuar un registro.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que la arrestada, de 43 años y pareja del padre del pequeño, Ángel Cruz, ha sido conducida en un furgón del Instituto Armado y ha llegado a las 15,30 horas al mismo tiempo que la comitiva judicial encabezada por el juez instructor de la causa, el magistrado Rafael Soriano, quien ha decretado el secreto de las actuaciones.

La práctica de esta diligencia se enmarca dentro de las pesquisas que están realizando los agentes de la Policía Judicial para reconstruir qué paso con Gabriel Cruz desde que se perdió su rastro el pasado día 27 en Las Hortichuelas y determinar si permaneció oculto en el interior de un pozo o aljibe hasta que la única sospechosa por el momento decidió el traslado de su cuerpo sin vida hasta el municipio de Vícar.

La finca, que ahora se somete a registro después de que el informe preliminar de autopsia haya revelado que Gabriel falleció "por estrangulamiento" el mismo día de su desaparición, está vinculada a la familia del padre del menor y había estado en régimen de alquiler si bien "desde hace dos meses" no tenía arrendatario. La zona, situada a unos cinco kilómetros del punto donde se perdió el rastro del menor, habría sido objeto de investigación días antes del fatal desenlace.

Las mismas fuentes han asegurado que la detenida, que ha estado en dependencias de la Comandancia de Almería desde que la Guardia Civil interceptó el turismo de color gris que conducía con el cadáver del niño en el interior del maletero y envuelto en mantas, no habría prestado declaración aún ante los agentes encargados del caso a la espera de la práctica de esta y otras diligencias.

Aquí estuvo el cuerpo del pequeño Gabriel

Aquí estuvo el cuerpo del pequeño Gabriel

Aquí estuvo el cuerpo del pequeño Gabriel. Vídeo: Agencia ATLAS

El registro ordenado por el Juzgado de Instrucción 5 de Almería coincide temporalmente con el traslado de los restos mortales de Gabriel desde el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería hasta la sede de la Diputación Provincial de Almería donde quedará instalada la capilla ardiente hasta su cierre para la celebración del funeral en la Catedral a las 10,30 horas del martes.

Investigación paralela en Burgos

Por otro lado, la Policía investiga desde la detención este domingo de Ana Julia Quezada, de origen dominicano, el fallecimiento el 10 de marzo de 1996 de su primera hija, Ridelca Josefina, nacida el 22 de agosto de 1991, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

La Comisaría Provincial de Burgos de la Policía abrió ese mismo 10 de marzo de 1996 un atestado por el fallecimiento de la niña, que se archivó por un juez. La niña nació en República Dominicana y era hija de Santiago Gil y de Ana Julia Quezada, que residió en Burgos antes de trasladarse a Almería. En esta segunda provincia tuvo un noviazgo antes de conocer hace poco más de un año a Ángel, el padre de Gabriel.

Según la información del atestado policial abierto en Burgos en 1996, al que ha tenido acceso Europa Press, la muerte de esta otra niña de cuatro años ocurrió en el domicilio sito en la calle Camino Casa la Vega, 41, en Burgos, donde residía el matrimonio con dos hijas de Ana Julia. La otra menor tenía entonces dos años.

El cuerpo de su hija de cuatro años fue localizado en el patio interior del piso primero. El padre adoptivo y por entonces pareja de Ana Julia entró en la habitación de las menores y comprobó que Ridelca Josefina no se encontraba en la cama, dirigiéndose a una habitación contigua destinada a cuarto de recreo de las niñas.

Fue desde este cuarto donde vio que la ventana de doble hoja estaba abierta y que su hija adoptiva estaba tendida en el suelo del patio interior del primer piso. Según ha sabido Europa Press de fuentes de la investigación, la Policía no abrió otro atestado después de este del 10 de marzo de 1996, concluyendo que la muerte había sido accidental y no se apreciaban indicios de criminalidad.