A la investigación judicial sobre el crimen de la joven ingeniera Ana Enjamio, ocurrido en diciembre de 2016 en Vigo, todavía le quedará recorrido. Y es que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de emitir un auto en el que ordena al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la urbe olívica que continúe adelante con la tramitación de la comisión rogatoria a través de la cual se solicitaba a la justicia norteamericana una serie de datos de Google: la información versa sobre la geolocalización de los teléfonos móviles de la víctima y del presunto asesino, César Adrio Otero, quien permanece en prisión provisional por esta causa. La intervención del órgano provincial pontevedrés en esta cuestión se debe a que, tras los sucesivos intentos y tras rechazar finalmente EEUU proporcionar los datos requeridos, la juez instructora dictó una resolución comunicando que renunciaba a esos informes. Pero esa decisión fue recurrida tanto por el abogado defensor del investigado como por la acusación particular, que representa a los padres de la fallecida. La Fiscalía no se opuso a estos recursos de apelación y finalmente la Audiencia los ha estimado.
La vista por estos recursos se celebró el pasado jueves y la Sección Cuarta notificó ayer su resolución a las partes. La decisión adoptada conlleva que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer deberá insistir con esa comisión rogatoria. Reiterar esa petición de datos. La misma se tramita a través de la Embajada de España en EEUU, donde hay un magistrado de enlace. Hasta ahora la justicia norteamericana se ha negado a facilitar la información solicitada al estimar, entre otras cuestiones, que es "prospectiva".
Lo que la Audiencia pontevedresa ordena al juzgado vigués es que reitere la petición teniendo en cuenta las exigencias del Estado requerido. Es decir, que la solicitud se acomode a los parámetros que se demandan por parte de EEUU. Que ese requerimiento, en definitiva, esté más fundamentado, argumentando en el mismo que la facilitación de los datos de Google precisos para esta investigación no resulta incompatible con las leyes de la justicia norteamericana. Y que también se concreten más los indicios existentes en el caso para demostrar que no son meras sospechas.
Atacada en el portal
El crimen de Ana Enjamio, que residía en Vigo si bien era natural de Boqueixón (A Coruña), ocurrió la madrugada de un sábado, la del 17 de diciembre de 2016. La joven, de 25 años, volvía a su piso en la avenida de Madrid tras la cena de la empresa donde trabajaba. Fue brutalmente atacada en el portal del edificio: sufrió más de 20 puñaladas, varias de ellas mortales de necesidad, e intentó defenderse de su agresor. La investigación de la Policía Nacional derivó en la detención de César Adrio, de 40 años, compañero de trabajo con el que la víctima había coincidido aquella noche y con el que había mantenido una relación sentimental.
Tras realizarse múltiples diligencias, la instrucción, junto a alguna prueba más que no ha trascendido, estaba sobre todo pendiente de la información requerida a EEUU relativa a Google. Esos datos no se piden directamente a la multinacional de Silicon Valley, sino a través de la justicia norteamericana. Las comunicaciones que sí ha habido con Google fueron simplemente a efectos de comunicar que se estaba solicitando esa información a través del cauce adecuado, para que no eliminara la misma a la espera de que se completaran esos trámites oficiales.
Ahora el juzgado, antes de finalizar la investigación, deberá esperar al nuevo resultado de la comisión rogatoria. El futuro juicio contra el investigado, al que se le atribuye la presunta autoría de un delito de asesinato, será con jurado popular.
La víctima y el supuesto agresor, separado y con dos hijos, habían mantenido un noviazgo, pero ella decidió terminar con esa relación sentimental, una decisión que él no habría aceptado. El mutismo ha caracterizado siempre este instrucción judicial, que estuvo varios meses meses bajo secreto sumarial hasta que la Audiencia pontevedresa ordenó alzar esta medida.
