"El conductor solo paró unos segundos y a continuación se fue del lugar sin ni siquiera bajarse del coche; ni prestó auxilio a los ciclistas ni llamó a los servicios de emergencias". Quien se expresa así es Aida Blanco, abogada de la familia de José Antonio Casás Pérez, Ñito, uno de los dos ciclistas fallecidos en el accidente ocurrido en la PO-552, en A Guarda, en marzo de 2016. La juez instructora ha puesto fin a la investigación y, en el auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, atribuye al conductor que arrolló al pelotón de deportistas la presunta autoría dos delitos de homicidio y nueve más de lesiones, todos ellos por imprudencia grave. Pero finalmente, no le imputa el de omisión del deber de socorro.

El hecho de que la magistrada no incluya este ilícito no impide a las distintas acusaciones personadas, si así lo estiman, incluirlo en sus escritos de cara al futuro juicio. La letrada Aída Blanco está valorando recurrir el auto judicial precisamente por no recoger este delito, pero en todo caso confirma que ella lo incluirá en su escrito de acusación. "José Antonio [en referencia al ciclista fallecido] se quedó allí tirado tras el accidente; fue auxiliado por sus compañeros y por conductores de coches que pasaban por allí, pero no por el conductor [imputado], que se fue del lugar; y cuando llegó al restaurante, fue el del establecimiento el que llamó a Emergencias", argumenta esta jurista.

Otro abogado que casi con toda probabilidad incluirá este delito entre los demás por los que formule acusación es Diego Lago Cabo. En su caso representa a la comunidad hereditaria de Diego Freiría Fernández, el otro ciclista fallecido; así como al profesor e investigador José Antonio Vilán Vilán, el herido que sufre las secuelas más graves y que a día de hoy, con una incapacidad permanente absoluta reconocida, sigue con rehabilitación física y neurológica. "En principio sí que lo incluiremos ya que a nuestro juicio existió esa omisión del deber de socorro", explica el letrado.

La Fiscalía y las acusaciones particulares personadas en el caso tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y formular sus escritos. Cuando concluya este trámite, será el abogado del conductor el que presente su escrito de defensa. Después la causa será elevada a un juzgado de lo Penal o a la Audiencia de Pontevedra para el juicio. El automovilista cumplió este mes 90 años.