Rafael Bugallo Piñeiro, alias Felo y O Mulo, y otros 16 imputados en la denominada operación Visillo por tratar de introducir en Galicia un alijo de 1.245 kilos de cocaína procedente de Sudamérica, se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra. Se enfrentan a penas de 24 años de prisión para O Mulo y 19 años y medio para los otros 16 procesados.

En el inicio de la vista -que se prolongará durante al menos cinco días-, diez de los acusados reconocieron los hechos (nueve de ellos tripulantes de la embarcación Coral I en la que se transportaba la droga), con el objetivo de lograr una reducción de la condena. De los 17 procesados que se sientan en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, solo 3 se encuentran actualmente en libertad. El resto está condenado por causas anteriores. En esta primera sesión del juicio, las defensas solicitaron la suspensión del proceso basándose en la nulidad de un auto que recoge unas escuchas realizadas durante la investigación. También pide la nulidad de unas nuevas pruebas policiales aportadas por parte de la Fiscalía en el inicio de la vista.

En esta primera sesión, el fiscal asumió que la "sonorización" de la furgoneta pudo ser incorrecta según la doctrina del Tribunal Constitucional, si bien esta actuación no invalida el auto en el que se recogen esta y otras pruebas, porque incluye otras escuchas realizadas correctamente. También defendió las nuevas pruebas aportadas porque no suponen indefensión para los acusados y porque no son una actuación "sorpresiva" para las defensas, que las conocen antes del comienzo del juicio.

La detención de los acusados se produjo en la víspera de Reyes de 2015. La droga debía ser recogida por una potente lanzadera de 2.000 CV "disfrazada" de pesquero con estructuras de cartón piedra.

Las defensas pusieron en cuestión el procedimiento por el modo en que se realizaron unas escuchas en el interior de la furgoneta de uno de los procesados. Según explicó uno de los letrados, la Policía solicitó una copia de las llaves del vehículo investigado a la casa fabricante del automóvil y esta se la facilitó. Con la copia de la llave, los investigadores solo tuvieron que esperar a que el vehículo quedase estacionado, entrar en él e instalar un micrófono oculto que recogería todas las conversaciones.

Estas conversaciones aportaron muchas pistas sobre la operación que se estaba investigando. En todo caso, los abogados de los afectados por estas escuchas cuestionaron todo el procedimiento por considerar que estas grabaciones son ilegales.

Al margen de las penas de prisión que solicita la Fiscalía por el traslado de un alijo de 1.245 kilos de cocaína, la Agencia Tributaria reclama, como responsabilidad civil, abonar entre todos los acusados 238.995,78 euros por los gastos que ocasionó a Vigilancia Aduanera la aprehensión y traslado del barco Coral I.