Las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés (Alu Ibérica) terminaron el año paradas, en concurso voluntario de acreedores, con sus 600 trabajadores en suspensión de empleo y sumidas en una compleja encrucijada judicial. La querella que los sindicatos interpusieron contra Alcoa (dueña de 2008 a 2019), Parter Capital (2019-2020) y Grupo Riesgo (propietario desde 2020) -y personas físicas y jurídicas vinculadas- por supuesta estafa en el proceso de venta derivó en una investigación penal de la Audiencia Nacional -aún en curso- en la que fueron detenidos en marzo cuatro directivos de Riesgo por la descapitalización de las plantas. En mayo la jueza instructora, María Tardón, decretó la intervención judicial como medida cautelar. En julio, tras un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que clarificó los indicios de vaciado de Alu Ibérica por parte de Riesgo, la Audiencia apartó a los gestores y puso al frente a un administrador judicial, el abogado coruñés Ramón Juega. 

En paralelo a la investigación de la causa penal -denominada caso Alcoa- la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional falló en junio a favor de los trabajadores de Alu Ibérica al entender que Alcoa vulneró el pacto firmado con el comité antes de la venta de 2019. La multinacional había levantado el ERE (expediente de regulación de empresa) con el que pretendía cerrar la fábrica gracias al acuerdo de venta con Parter Capital. La sentencia considera que Alcoa nunca dejó de ser el “empresario real” de las fábricas tras la venta y que ni Parter ni Riesgo cumplen “mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso. Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”. El fallo condenó a Alcoa a indemnizar o recolocar a los trabajadores.  

Dos meses antes, en marzo, la plantilla aluminera de Agrela obtuvo otra victoria judicial. El juzgado de lo Social número 1 de A Coruña condenó a Alu Ibérica (Riesgo) por lesionar el derecho a la huelga de los trabajadores de la planta coruñesa, en relación al paro realizado el 26 de diciembre de 2020 por el despido disciplinario de una empleada. El ambiente se fue haciendo cada vez más irrespirable en la fábrica. A pesar de que los acuerdos de venta de Alcoa blindaban el mantenimiento del empleo durante dos años (hasta el pasado julio), en febrero la dirección despidió por vía disciplinaria al presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, y otros tres delegados sindicales. Los cuatro siguieron ejerciendo su representación de forma cautelar. 

Saqueo con bitcoins

Los informes de la UDEF concluyeron que el entramado de Grupo Riesgo saqueó Alu Ibérica mediante sobrecostes, negocios ficticios, empresas pantalla y “maniobras defraudatorias” como la compra de bitcoins a través de su filial Logiplus, que fue contratada para prestar el servicio de limpieza en las dos fábricas y que en septiembre despidió a todo su personal sin indemnizar ni pagar los salarios pendientes alegando falta de liquidez. 

Por los indicios de despatrimonialización de Alu Ibérica fueron detenidos en marzo Víctor Rubén Domenech, dueño de Riesgo; su socia Alexandra Camacho; y los directivos Luis Losada y Diego Peris Sirvent -de quienes la Policía sospecha que pudieran ser testaferros-.

Sin dinero para hacer frente al pago de proveedores y al abastecimiento de materia prima, la situación se fue haciendo cada vez más insostenible en Alu Ibérica, hasta que Ramón Juega se vio obligado a ordenar el cierre (con vocación de temporal) de las dos plantas a finales de agosto. En octubre los trabajadores entraron en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y el 1 de diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña declaró en concurso voluntario de acreedores a Alu Ibérica LC (el mismo proceso se replicó en Avilés).

Mientras tanto, Alcoa cambió de estrategia en su última fábrica de España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo) después de que el Tribunal Supremo confirmara en octubre la nulidad del ERE con el que la multinacional quería cerrar la planta. En diciembre, la plantilla aceptó en referéndum (con un 70% de votos a favor) la oferta de la firma para seguir produciendo en Galicia a medio y largo plazo, a cambio de un cese de actividad que supone parar las cubas de electrólisis durante dos años, en 2022 y 2023. 

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