Corrupción sin castigo

Hace escasamente unos días se conocía la sentencia del ya célebre ladrón del Códice Calixtino, en este caso por la sustracción de la correspondencia a sus vecinos de comunidad. El Juzgado acaba de imponerle 190 años de cárcel. Cierto que 190 años de condena son muchos años. No parece que se mida con un igual rasero a esos delincuentes que después de haber desvalijado las arcas públicas se sienten protegidos quizá por la propia corrupción judicial. Es el momento oportuno de recalcar la necesidad de que nuestro aparato judicial sea sometido a cambios profundos, para contrarrestar la injerencia de los políticos, que es en definitiva la causa de que los jueces se olviden tan a menudo que deben ser modelo social de equidad y, ante todo, de justicia. La lista de escándalos en nuestra historia reciente es interminable. Esto sucede ante la mirada de los ciudadanos, que nos cuestionamos a diario si ganarse la vida con el trabajo honrado aún merece la pena en un país donde los amiguismos miden el ascenso social, laboral y económico de las personas. El mensaje que a diario recibimos de los mecanismos de negociación con la justicia, en los que los culpables cuentan sus pecados o delatan a sus cómplices a cambio de ciertos beneficios, deja así mismo en duda el castigo que todo corrupto debe padecer. En definitiva, es un poco lamentable que no haya castigo para los corruptos, o dependa más bien de quien se trate. En su conjunto nuestro país vive una profunda crisis de valores, de la que no se salvan quienes manejan los recursos públicos, aunque con mayor frecuencia se ve en la esfera privada. El otro gran papel corresponde a la Justicia, una Justicia igualmente corrupta, ineficaz que, debiendo empezar a ser más contundente, adolece de cierta permisividad poniendo así en riesgo la confianza de los ciudadanos ante tanta corrupción sin castigo.

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