La Ley del Suelo de Galicia (2/2016) trata una materia dura que la mayoría de las personas consideran que está alejada de su día a día, aunque es la que regula sus derechos y deberes en relación a la propiedad del suelo, concepto este, casi sagrado en Galicia. Esta nueva ley es vital para el desarrollo sostenible de nuestra tierra, es un marco normativo que se adapta con contundencia a prioridades de sostenibilidad social, económica y medioambiental, que sienta las bases del urbanismo en el futuro inmediato, un urbanismo adaptativo, responsable, administrativamente más ágil y eficaz, que incrementa la autonomía y también las responsabilidades de los propios Concellos, fijando a la vez unos mecanismos sustitutorios que permiten que la Administración autonómica asegure el cumplimiento de objetivos. Por 1ª vez en 25 años se contemplan medidas contundentes para que todos los Concellos de menos de 5.000 habitantes, dispongan -sí o sí- en un plazo razonable, al menos de un Plan Básico de referencia adaptado a la nueva Ley; eso será así voluntariamente o "de oficio" para los Concellos en donde persistan reticencias a definir la planificación. Por 1ª vez se dispone de un Reglamento (D. 143/2016) aprobado antes de que se cumpla el plazo de un año fijado para su desarrollo, se prioriza la revalorización de lo existente frente a los nuevos desarrollos, se incorporan de forma clara parámetros asociados a la bicicleta, se habla de carril-bici, de necesidades de transporte colectivo en nuevos desarrollos, de previsión de aparcamientos disuasorios o urbanos soterrados o en superficie y de que no saturen los espacios públicos; se habla de plataformas compartidas, de transporte de mercancías y en general de que deben evaluarse las necesidades relacionadas con la movilidad y otras muchas del desarrollo sostenible. Al igual que las estrategias relacionadas con la reordenación del transporte público, la nueva Ley del Suelo de Galicia viene pisando fuerte en un territorio con una población muy dispersa, una Galicia vertebrada con 315 Concellos, de los cuales el 63% tienen menos de 5.000 habitantes. Ahora solo falta que las miles de personas de los sectores público y privado que intervendrán en la gestión, ejecución y control de los objetivos de esta nueva y ambiciosa ley, sigan ese enfoque y pisen tan fuerte y sosteniblemente como lo ha hecho la Administración.

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