Desde el encarcelamiento de la mayor parte de los miembros del destituido Govern de la Generalitat, ha surgido un enfrentamiento dialéctico entre los nacionalistas españoles y los partidarios de la independencia de Catalunya acerca de su calificación penal: ¿Son presos políticos o son políticos presos? Lo cierto es que son ambas cosas. Sin duda, son políticos presos, pero también son presos políticos porque el motivo de su encarcelamiento es haber cometido, presuntamente, delitos de naturaleza política o vinculados a objetivos políticos -como el supuesto delito de malversación de fondos públicos-, no delitos considerados "comunes".
Sabido es que durante la dictadura del general Franco hubo numerosos presos políticos, algunos por hechos de sangre, aunque la mayoría por acciones políticas que en el código penal de aquel régimen estaban tipificados como delito, pero no lo están en el actual. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en las democracias, como en las dictaduras, también se establecen límites a las conductas de todo tipo que pueden llevar a cabo los ciudadanos, entre ellas las de carácter político. Basta con echar un ojo a los títulos XXI ( Delitos contra la Constitución) y XXII ( Delitos contra el orden público) del Código Penal, y al capítulo V de la Constitución de 1978 ( De la suspensión de los derechos y libertades) para comprobarlo.
En definitiva, los señores Junqueras, Turull, Forn, Romeva, Rull y Mundó, y las señoras Bassa y Borràs, además de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, son políticos presos por razones políticas. Es decir, presos políticos.
